Rusia prosigue su 'caza de brujas' contra presuntos traidores y mantiene la paranoia

«Detenido un ciudadano acusado de espiar para Ucrania» es un titular cada vez más habitual en la prensa rusa.

Más de 1.900 personas han tenido que defenderse de acusaciones como «traición», «espionaje» o «colaboración con un Estado extranjero» desde 2022, año en el que comenzó la guerra contra Ucrania.

El último caso de un presunto traidor arrestado se registró este mismo martes.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre al que acusan de compartir con Kiev información sobre infraestructuras clave de la provincia rusa de Riazán.El conflicto ruso-ucraniano, lejos de ser una «operación militar especial» de pocos días, como las autoridades rusas tenían en mente al iniciar la invasión, se ha prolongado durante más de cuatro años.

Y ese golpe de realidad ha alimentado la paranoia del Kremlin hacia sus propios ciudadanos.Las cifras actuales pulverizan cualquier precedente.

En 2021 solo 14 personas fueron juzgadas por alta traición y, en los 24 años transcurridos desde la aprobación del actual Código Penal, en 1997, apenas se habían acumulado 170 casos.

Vyorstka, un medio crítico con el Kremlin catalogado como «agente extranjero» por las autoridades rusas, reveló que solo durante los seis primeros meses de 2026 fueron juzgadas 312 personas por delitos relacionados con la seguridad del Estado.Durante la mayor parte del periodo comprendido entre 1997 y 2021 hubo menos de un juicio al mes por este tipo de cargos.

Incluso el delito de «cooperación confidencial con extranjeros» no existía antes de 2022.

Fue creado durante la invasión para castigar contactos no autorizados con otros Estados.

Entre 2022 y 2026, más de 1.900 personas han sido acusadas de este y otros delitos similares, y los medios independientes rusos han logrado recopilar información sobre alrededor de 1.500 de ellas.

Según la base de datos elaborada por estos medios, solo el 4% tenía acceso real a información clasificada.Detenidos en zonas de guerraUn tercio de los acusados son civiles y otro tercio, ciudadanos ucranianos residentes en Rusia o en territorios controlados por Moscú.

Es el caso del hombre detenido este martes en Riazán.

Aunque obtuvo la nacionalidad rusa en 2022, nació en Ucrania.

La mayoría de los ucranianos acusados de estos delitos residían en las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.