Sesenta pueblos piden que la prórroga a Almaraz se extienda al resto de centrales nucleares

La prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 ha dejado de ser únicamente una decisión sobre el futuro de los dos reactores cacereños.

Para la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Radiactivos (AMAC), representa una oportunidad para abrir una discusión de mayor alcance: si una central puede continuar operando con garantías de seguridad, el mismo criterio debería poder aplicarse al resto del parque nuclear español.El presidente de la plataforma, Juan Pedro Sánchez, ha difundido una carta tras la decisión del Gobierno en que insta a abrir «un debate más amplio sobre el futuro energético de nuestro país» tras mostrar su satisfacción por la decisión adoptada en relación a Almaraz.

El Ejecutivo aprobó la continuidad de Almaraz después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera el 16 de julio un informe favorable.

El nuevo horizonte fija el funcionamiento de las dos unidades hasta el 8 de junio de 2030.Para AMAC, que la decisión se haya adoptado tras una evaluación técnica es clave. «Se ha reconocido, después de un proceso técnico y administrativo riguroso, que una instalación nuclear puede seguir aportando energía con las garantías de seguridad exigibles», sostiene Sánchez.El precedente resulta relevante porque el resto del parque nuclear español mantiene, por ahora, el calendario de cierre pactado en 2019.

Ascó I tiene previsto cesar su actividad en octubre de 2030 y Ascó II en octubre de 2031, mientras que Cofrentes tiene fijado el final de su explotación para noviembre de 2030.

Vandellós II tiene como horizonte febrero de 2035 y Trillo mayo de ese mismo año.

Almaraz es la primera pieza que se mueve de forma efectiva en ese calendario de apagón nuclear, que se prevé culminar en 2035.

Esa modificación abre una ventana para quienes defienden que las demás centrales puedan seguir el mismo camino si superan las evaluaciones de seguridad y existe necesidad de mantener su producción.La propia AMAC evita plantearlo como una reivindicación exclusivamente empresarial. «Desde AMAC hemos defendido siempre que la continuidad de las centrales nucleares debe decidirse sobre esa base: seguridad, rigor técnico y necesidad energética», afirma su presidente.La cuestión afecta, en primer lugar, a las compañías propietarias, que deben valorar el coste de las inversiones necesarias para prolongar la operación y la rentabilidad de las plantas.

Pero el debate trasciende los intereses de Iberdrola, Endesa o Naturgy.