Moncloa y las CCAA amenazan con judicializar la llegada a la Península de 500 menores migrantes

No cesa la tensión en Ceuta, donde a las dificultades que había traído consigo la entrada masiva a nado de casi 100.000 personas se ha sumado, desde hace unos días, la polarización política que vive el país desde hace años y un debate público en el que el enfrentamiento vuelve a imponerse sobre la colaboración.

Las sensaciones han ido variando desde que tuviera lugar este suceso que hizo que la ciudad autónoma se viera desestabilizada, pasando de unos compases iniciales de gran incertidumbre a un marco de trabajo conjunto que buscaba abordar la situación y controlarla.

Sin embargo, esa segunda fase no se extendió tanto en el tiempo como debería y no tardó en dejar paso a las enemistades políticas en el momento en el que empezó a estar un tema que se ha tornado bastante escabroso, no siendo otro que el de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta y su posible traslado a la Península.

Aunque en el Gobierno de España se daban, y se siguen dando, perspectivas diferentes a la hora de interpretar esta entrada masiva de inmigrantes irregulares, que llegaron a nado a las playas de Ceuta, el Ejecutivo comenzó a trabajar para intentar que la ciudad autónoma pudiera volver a una normalidad que, sin verlo venir, desapareció rápidamente.

Aunque ya desde un primer momento aparecieron formaciones políticas que llamaron a "cazar" a los inmigrantes que habían llegado a las costas ceutíes y trataban de obtener rédito electoral de esta situación, como se mencionaba, hubo por unos días un clima de colaboración y trabajo entre administraciones.

No obstante, cuando la mayoría de estar personas que entraron ilegalmente en España habían sido devueltas ya a Marruecos, apareció un asunto que se está tornando puntiagudo, como son los casi 3.000 menores que todavía permanecen en Ceuta y que están provocando un importante choque político.

Las amenazas judiciales están más que presentes, ya que, mientras las comunidades autónomas gobernadas por el PP aseguran que emprenderán acciones legales si se trasladan a 500 niñas y adolescentes a la Península, desde el Ejectivo nacional señalan que acudirán a la Fiscalía si no cumplen el mecanismo de "acogida vinculante" incluido en la Ley de Extranjería a través de la reforma que se aprobó en 2025, y que obliga a las regiones españolas a hacerse cargo.

Mientras numerosos jóvenes siguen en Ceuta esperando conocer qué destino les aguarda, el Gobierno y las autonomías siguen manteniendo un serio enfrentamiento sobre este asunto.

Los menores pasan los días en campamentos improvisados, sufriendo una vulnerabilidad por la cual desde Moncloa se entiende que se ha de velar por la seguridad de 500 niñas presentes allí y que han de ser trasladadas a la Península.