Un pueblo de Cáceres se rebela contra los okupas de un apartamento turístico: convirtieron un alquiler de siete días en un supuesto contrato de siete años

Baños de Montemayor, localidad cacereña de poco más de 700 habitantes, ha decidido elevar la voz contra la okupación de un apartamento turístico que se ha convertido, desde la semana pasada, en el epicentro de un importante conflicto vecinal.

Las caceroladas se suceden, la indignación crece y las concentraciones ya han dejado momentos de tensión , con lanzamiento de objetos desde uno de los balcones de la vivienda o el intento de los vecinos de entrar al bloque de pisos.

El pueblo se ha puesto del lado de Mariluz y Carlos, los propietarios.El episodio más multitudinario se produjo el pasado viernes, cuando alrededor de 200 personas se concentraron junto al inmueble para reclamar que la familia que permanece en el interior lo abandone.

Los asistentes acudieron con cacerolas y carteles, mientras la Guardia Civil vigilaba la zona.

Durante la protesta, desde el apartamento se arrojaron piñas, castañas y huesos hacia los manifestantes.

Al grito de «okupas no» o «fuera de este pueblo», las protestas siguieron el sábado.

El clima es cada vez más tenso.El origen del enfrentamiento se encuentra en los Apartamentos Turísticos La Plazuela, propiedad de Carlos y Mariluz.

Según su versión, los okupas reservaron uno de sus alojamientos para pasar siete días.

Una vez concluido el periodo acordado, se encontraron con la sorpresa de que los nuevos inquilinos se negaban a marcharse y alegaban que tenían un contrato de alquiler con una duración de siete años , documento que los propietarios niegan haber firmado.

Al parecer, siempre según esta versión, habrían utilizado un sello antiguo relacionado con el negocio.

Además, en las últimas horas se ha conocido que esta familia mantiene un conflicto abierto, de similares características, en otro municipio extremeño, en este caso de la provincia pacense, Hinojosa del Valle.

Allí también permanecieron en una vivienda pese a la negativa de los propietarios.

El abogado de los afectados, Ángel García Calle, ha contado en COPE Extremadura cómo se las ingeniaban para chantajear a los dueños de la vivienda.

Al final, fue la presión social la que acabó por «echarles» del pueblo.Las consecuencias económicas también preocupan a los propietarios.