El Gobierno quiere tener poder de veto sobre la inversión extranjera en centros de datos

Tras dos semanas de polémica del Gobierno por su proyecto de real decreto sobre los centros de datos, ahora el Ministerio de Economía da un paso más en su control sobre el sector al pretender incluir a estas infraestructuras dentro del poder de veto que tiene el departamento de Carlos Cuerpo sobre determinadas inversiones extranjeras.En 2020 fue la primera vez que el Ejecutivo puso en marcha el llamado escudo antiopas , para arrogarse el control y capacidad de vetar inversiones de fuera de la UE en empresas españolas calificadas como estratégicas, como son los bancos, las telecos, las energéticas, las compañías de defensa...

Después se amplió también el control a operaciones provenientes de otros países comunitarios.Este marco se ha convertido ya en estructural y de hecho Europa ha sacado un nuevo reglamento para armonizar sistemas y que los Estados miembros deban tener sistemas de control similares.

Aprovechando que se deben realizar modificaciones en la legislación nacional por este reglamento, el ministerio ha sacado a consulta pública un proyecto de decreto que incluye varias novedades que afectan de lleno a este sector. «En la actualidad, se hace necesaria una reforma del marco actual de control, que permitirá aclarar conceptos, mejorar procedimientos y, en general, adaptar la norma a las necesidades y al contexto internacional actual», justifica el Gobierno. «Este nuevo real decreto pretende hacer más sencilla la práctica administrativa y la interpretación por parte del sector privado», añade Economía.En este sentido, el ministerio de Cuerpo lanza la consulta con el siguiente elemento en la cabeza: «Inclusión de sectores y actividades específicas sujetas a control, como los centros de datos ».

Esto supondría calificar estas infraestructuras como sector estratégico y, así, prácticamente toda la inversión extranjera en centros de datos estaría sujeta a autorización del Gobierno.

Además, la redacción ambigua que hace Economía deja entrever que podría haber más sectores implicados que aún no se conocen.

En la actualidad, el régimen establece la obligación de someter a autorización administrativa previa determinadas inversiones extranjeras directas cuando afectan a la seguridad, salud y orden público en sectores críticos. «En concreto, se aplica a inversiones realizadas por extranjeros que impliquen la adquisición de al menos el 10% del capital social o el control de una sociedad española cuando esta opere en los sectores críticos», según recoge el último informe de operaciones intervenidas.