Antifraude lleva al Tribunal de Cuentas su investigación a dos miembros del equipo de Pilar Bernabé

La Agencia Valenciana Antifraude ha acordado trasladar al Tribunal de Cuenta su investigación a dos estrechos colaboradores de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y candidata del PSPV-PSOE en Valencia, Pilar Bernabé.

Ambos forman parte actualmente de la ejecutiva del partido en la ciudad.El organismo público autónomo ha concluido, a partir de una denuncia anónima, que su renuncia a los puestos directivos que ambos ostentaban en dos fundaciones del Ayuntamiento pudo suponer un perjuicio económico para las mismas, al no advertir de su salida en el plazo de tres meses estipulado y no habérseles reclamado por ello el pago de una indemnización.Los hechos esgrimidos por Antifraude en una resolución de 77 páginas, consultada por ABC y avanzada por elDiario.es, se remontan a 2022 y ya estarían prescritos.

No obstante, la agencia se centra ahora en quienes debían haber reclamado -pudieron hacerlo hasta julio de 2023- y lo dejaron pasar con su «inactividad».MÁS INFORMACIÓN noticia Si Bernabé apurará como delegada del Gobierno hasta el final de la carrera electoral por ValenciaConsidera, por tanto, «procedente el traslado de las actuaciones al Tribunal de Cuentas, a efectos de que, en el ámbito de sus competencias, pueda determinar la eventual existencia de responsabilidad contable y, en su caso, las personas a quienes resulte imputable el menoscabo ocasionado a los fondos o derechos públicos».Pilar Bernabé dejó de ser concejal de Deportes y presidenta de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) para saltar al Ejecutivo central.

Fue en ese momento cuando uno de los señalados, Javier Mateo, entonces en un puesto de alta dirección en la fundación de empleo València Activa, salió de la misma sin previo aviso para relevar a Bernabé como edil.«Se concluye que existen elementos suficientes para considerar que la extinción pudo generar un derecho económico a favor de Fundación València Activa que no fue identificado, cuantificado ni reclamado y cuya eventual pérdida por prescripción debe ser objeto de valoración por los órganos competentes», recalca Antifraude.Lo mismo habría ocurrido con Alejandro García, que solicitó el cese inmediato de su cargo como subdirector de Promoción Institucional la FDM y se puso al frente de la comunicación de la Delegación del Gobierno, como personal eventual.

Mateo -que sigue como concejal en la oposición- aceptó esa renuncia voluntaria como nuevo presidente de la entidad.García ejerce desde hace unos días como asesor de los socialistas en el consistorio ante las elecciones locales de 2027.

Según Antifraude, debería haber pagado a la fundación 17.116,59 euros que nadie le reclamó tras su salida: «La decisión de no ejercer el derecho indemnizatorio careció de soporte jurídico y económico suficiente».