Conde-Pumpido pone el dedo en la llaga de la ofensiva judicial del PP

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha puesto el foco en uno de los problemas que explican la política española actual y pasa por la exportación de los enfrentamientos entre partidos al ámbito judicial.

En una entrevista concedida al diario El País este domingo, el magistrado denuncia la judicialización de la vida pública e incluso cuestiona el sistema procesal al permitir que formaciones políticas y organizaciones intervengan directamente en causas penales.

Sus palabras se encuadran en el marco de la enésima ofensiva del Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con la precampaña electoral como escenario principal y la herramienta de las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista.

Pumpido establece, sin embargo, una distinción que considera fundamental.

Niega la existencia de lawfare en España, descrito como una utilización sistemática de la Justicia para perseguir a adversarios políticos.

Sí reconoce, en cambio, un problema estructural que allana esta judicialización de las controversias públicas.

"Lo que tenemos es un problema de arquitectura procesal que no existe en ningún otro país europeo", explica el magistrado en la entrevista, sin señalar a una formación política concreta ni cuestionar la independencia de los jueces.

Lo que sí hace el presidente del Constitucional es indicar las posibilidades que ofrece la legislación para trasladar el conflicto político a los tribunales.

Su reflexión coincide con la estrategia judicial del Partido Popular.

El pasado 6 de octubre, los conservadores solicitaron a la Audiencia Nacional que investigara al PSOE como persona jurídica en el marco del caso Leire, por presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación.

La formación con sede en Génova asume la acusación popular en una causa que investiga una presunta trama destinada a entorpecer procedimientos judiciales que afectaban a los socialistas y, en paralelo, al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El juez denegó, por ahora, la petición.

El pasado viernes, Santiago Pedraz rechazó imputar al Partido Socialista al entender que todavía no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a la formación.

El instructor entiende que es preciso continuar las diligencias para determinar si existe una conexión entre los hechos investigados y la organización socialista.