El instrumento clave de política local

Tan relevante como la gestión presupuestaria es para la administración local la planificación de la contratación pública.

A mi juicio, es, de hecho, el instrumento por excelencia de la política local, la clave del éxito en la mejora de los servicios públicos municipales y en la ejecución de los proyectos capaces de impulsar la transformación urbana.

Sin embargo, los datos oficiales que se manejan de los organismos especializados sobre la contratación pública en España (así por ejemplo la Oficina de regulación y supervisión) identifica problemas serios en las prácticas licitadoras de las administraciones, muchas de las cuales obedecen, precisamente, o tienen, en parte, sus causas, en el déficit de planificación.

Así, el informe más reciente de la Oficina de regulación destaca la baja concurrencia a la contratación pública, con una media inferior a los tres licitadores por contrato, y con tendencia descendente.

Pone asimismo de manifiesto un porcentaje de más del 7% de lotes de licitaciones desiertas y una importante incertidumbre en la fase de ejecución, con un 22% de consultas relacionadas con modificaciones, prórrogas y cambios contractuales.

Los nuevos controles tampoco se han traducido en la eliminación de las prácticas colusorias y las denuncias de corrupción.

En relación con los datos, el informe subraya la falta de homogeneidad y calidad de la información.

Y todo ello apunta hacia un déficit de planificación que se demuestra en un dato significativo: el incumplimiento generalizado (95%) de las administraciones de respetar la obligación legal de hacer programación contractual.

Lo que puede hacer pensar que la contratación pública en ocasiones se podría estar usando como un mero instrumento táctico, para tapar urgencias, o, en el peor de los casos, como instrumento oportunista para buscar rentabilidad electoral.

En cualquier caso, como instrumento espontáneo, no meditado, no sometido a estudio, seguimiento y evaluación, se estaría incumpliendo el objetivo de la ley de contratos públicos: la mejora en la gestión de los servicios que afectan al ciudadano.

El problema de este déficit de planificación son las consecuencias prácticas que ocasiona.

El uso indebido de modelos de pliegos sin actualizar, el insuficiente desglose de costes, la no inclusión de la innovación en los criterios de adjudicación en beneficio del precio (subasta), la baja concurrencia , el uso de los acuerdos marco para limitar el beneficio mínimo del precio de servicios, los retrasos en la ejecución… todos esos problemas son síntomas y a la vez consecuencias de una inadecuada fase de planificación.

Planificar no es sólo ordenar y dejar constancia de los proyectos en un documento público.