Politización judicial por inundación

Me vengo preguntando en las últimas semanas, desde la crisis desatada en Ceuta el 30 de julio, si habría estadísticas de las querellas o denuncias presentadas desde 2023 hasta la fecha por el Partido Popular, Vox y sus organizaciones satélites: Hazte Oír, el pseudosindicato Manos Limpias, Iustitia Europa (el partido antipartido) o Abogados Cristianos contra decisiones del Gobierno de España o leyes aprobadas en el Parlamento.

Trasladada mi pregunta a Gemini, la IA de Google, la respuesta es la que me temía.

No existe una base de datos oficial centralizada ni un registro estadístico único en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la Fiscalía General del Estado que contabilice de forma agregada las denuncias y querellas iniciadas por partidos políticos o acusaciones populares específicas.

Cuando está sobre la mesa el debate sobre la politización de la justicia, la judicialización de la política y las actuaciones de determinados jueces que hacen dudar de la neutralidad debida a su cargo, sería de agradecer que el CGPJ, la Fiscalía del Estado o el Ministerio de Justicia hicieran el esfuerzo estadístico y de transparencia para ofrecer en abierto el recuento de las querellas de los partidos políticos y de lo que se esconde bajo el paraguas de la acusación popular.

Entre la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 y finales de 2025, el Tribunal Supremo ha registrado e inadmitido y desestimado más de 85 querellas y denuncias dirigidas contra el presidente del Gobierno y los miembros de su Gabinete.

En el período 2023-2026 el número de acciones penales formalizadas por estas organizaciones se ha intensificado significativamente tras los acuerdos de investidura de finales de 2023, la aprobación de la Ley Orgánica de Amnistía y las causas abiertas al entorno gubernamental.

Vox es el partido que mayor volumen de acciones penales ha formalizado en esta etapa.

Acumula múltiples querellas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra miembros del Gobierno por supuesta prevaricación, malversación o traición vinculadas a la tramitación de la Ley de Amnistía y las negociaciones políticas.

En resumidas cuentas, la inmensa mayoría de las querellas presentadas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente y ministros del Gobierno entre 2023 y 2026 han finalizado en auto de inadmisión a trámite por falta de indicios delictivos o por fundamentarse únicamente en informaciones periodísticas sin soporte probatorio adicional.

Pero la táctica de las derechas de inundar los registros de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde han ido colocando a sus jueces en los muchos años de bloqueo (cuando no gobiernan), con todo tipo de demandas han convertido en un barrizal la justicia, la política y la sociedad españolas.