Poner coto al alquiler turístico: un cascabel con efectos desiguales

La Comisión Europea ha abierto un paraguas normativo para dar cobertura a los Estados miembros afectados por la crisis de la vivienda.

Su propuesta, anunciada la semana pasada , permite establecer límites “proporcionales” y “temporales” a los alquileres de corta estancia.

El objetivo del texto ―que busca tan solo definir unos mínimos― no es prohibir, sino contener el avance de este tipo de arrendamientos (especialmente los turísticos) comercializados a través de plataformas digitales como Airbnb o Booking en lugares con problemas de acceso a la vivienda.

Sin embargo, los efectos que estas cortapisas están teniendo donde ya están vigentes, tanto a nivel comunitario como nacional, no son homogéneos, y España es prueba de ello: mientras en Baleares el número de apartamentos turísticos se ha multiplicado por 25 en los últimos tres años, en la Comunidad Valenciana su volumen se ha reducido un 12% desde 2024.

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