El PP lleva la batalla por la 'ley de nietos' al Senado para que el Gobierno "admita" que persigue una "finalidad electoral"

Ámbito judicial aparte, el Partido Popular quiere continuar con la batalla política en torno a la 'ley de nietos' y la nacionalización de más de dos millones de personas y su consecuente derecho al voto.

Tras registrar decenas de preguntas y solicitudes en ambas cámaras de las Cortes Generales, el PP lleva una moción al Senado sobre el impacto de la instrucción de Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, en las nacionalizaciones y el censo electoral, además de exigir información sobre los procesos.

La resolución del Tribunal Supremo que paraliza de forma cautelar el derecho al voto de parte de los descendientes de españoles inscritos por dicha norma y exige a la Junta Electoral Central informes que verifiquen la vinculación con el exilio de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española supone un acicate para los populares y lo que vote el Gobierno a esta moción, demostrará, a su juicio, si existe "alguna finalidad electoral".

La iniciativa consta de una docena de puntos que, en esencia, reclaman información detallada de los procesos de nacionalización y su impacto en el voto exterior, además de un compromiso del Ejecutivo para cumplir estrictamente lo que se aprobó en el Congreso, obviando la instrucción administrativa posterior dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.

Según critican los populares, dicha orden "reinterpreta" la norma y amplía los supuestos iniciales que pueden obtener la nacionalidad española.

Así que, por un lado, reclaman que se cumpla la jerarquía normativa mediante dos propuestas: que el Gobierno garantice que la aplicación de la disposición adicional octava (la conocida como ley de nietos) de la Ley de Memoria Democrática se ajuste a los supuestos establecidos por las Cortes Generales y que remita un informe a la Cámara Alta que demuestre que esto se cumple.

Asimismo, instan al Ejecutivo a garantizar que cualquier modificación sustancial de los supuestos de acceso a la nacionalidad española sea sometida a las Cortes, "evitando que dicha modificación pueda producirse mediante instrumentos administrativos de rango inferior a la ley".

Es decir, con una instrucción similar a la que ejecutó la hermana del ministro de Transportes cuando dirigía la Seguridad Jurídica de la cartera de Justicia.

Según se recoge en el texto de la moción, "lo que nació como un régimen extraordinario de acceso a la nacionalidad para determinados descendientes de españoles, ha terminado generando un volumen de solicitudes (alrededor de 2,6 millones) y concesiones de una magnitud que obliga a garantizar que su aplicación se está realizando dentro de los límites establecidos ".