Pegasus, la sombra pegajosa del Gobierno

La decisión del fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, de no gestionar la información que un confidente le ofreció sobre la infección de los móviles de Pedro Sánchez y de algunos de sus ministros con el programa Pegasus aumenta su gravedad con el paso de los días.

En octubre de 2024, un emisario del ex número 2 de la inteligencia marroquí, Mehdy Hijaouy, en proceso de extradición reclamada por Marruecos, ofreció al fiscal Alonso desvelar el quién, el cómo y el qué de la intromisión en los móviles de Pedro Sánchez y de sus ministros de Interior, Defensa y Agricultura, Grande Marlaska, Robles y Planas, respectivamente.

Tal intromisión fue anunciada públicamente en 2022 como una crisis nacional por el entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

En ese año, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió un proceso penal para investigar los hechos, proceso que tuvo que archivar por dos veces, en 2023 y en enero de este año, por la falta de colaboración de Israel.

En su auto de archivo, Calama dejó en manos del Gobierno que siguiera con las gestiones para obtener esa colaboración.

Ni gestión del Gobierno ni colaboración de Israel.El fiscal Alonso no atendió aquella oferta de información, con la que Hijaouy quería evitar su extradición.

Al no emplazar al confidente a que aportara esos datos al juez Calama, Alonso no actuó con la diligencia exigible al máximo representante del Ministerio Público en la Audiencia Nacional.

Es cierto que la ley no permite a un fiscal investigar por su cuenta los mismos hechos de los que ya se ocupa un juez, pero este mandato no impone al fiscal que se cruce de brazos ante informaciones relevantes para el caso.

Por el contrario, la Fiscalía era parte activa de ese proceso penal y, como tal, tenía el deber legal de colaborar con la investigación judicial.

Si el fiscal Alonso supo que una determinada persona, perfectamente identificada, tenía en su poder la misma información que el juez Calama estaba reclamando, su obligación era comunicarlo al instructor e incluso instar la detención del emisario como posible encubridor y practicar las diligencias necesarias, por ejemplo, el registro de su domicilio y la incautación de sus teléfonos móviles y de cualquier documentación que tuviera en su poder.

Era evidente que si Hijaouy quería evitar la extradición a cambio de su colaboración, no iba a prestarla sin asegurar antes su situación personal.

Es necesario y urgente aclarar la actuación del fiscal Alonso y de sus superiores, porque es impensable que tomara esa decisión, muchos días después de la visita del confidente, sin contar con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado.