La UCO descarta el "clientelismo político" en la macrocausa de los cursos de formación andaluces

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descartado la existencia de una "red clientelar" en la investigación de la denominada "pieza política" de los cursos de formación de la Junta de Andalucía durante la etapa de gobierno del PSOE andaluz.

Así lo recoge el último atestado policial remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y adelantado por Diario de Sevilla, una macrocausa en la que figuran como investigados 24 exaltos cargos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tanto de los servicios centrales como de las distintas delegaciones provinciales.

El documento judicial contraviene de manera directa una de las tesis principales sobre las que se construyó este procedimiento en sus inicios.

La macrocausa fue impulsada en 2014 por la magistrada Mercedes Alaya, quien en diversos autos acusó formalmente a los responsables del anterior Gobierno autonómico del PSOE de haber estructurado un sistema de "clientelismo político" sostenido a través de la concesión arbitraria de subvenciones públicas destinadas a la formación para el empleo.

Frente a esa interpretación inicial, los investigadores de la UCO son contundentes en su informe más reciente.

La Policía Judicial aclara que la hipótesis de una trama clientelar orientada a favorecer a fines políticos "jamás" formó parte de sus atestados u oficios, ni tan siquiera como una mera conjetura de trabajo.

Los agentes señalan que la labor policial nunca se centró en identificar esa supuesta red, término que atribuyen al ámbito judicial y no al policial, sino en esclarecer las anomalías cometidas durante las fases de concesión, fiscalización y justificación de las partidas para determinar si existían responsabilidades penales.

La postura expresada por la Guardia Civil coincide plenamente con el criterio que la Fiscalía Anticorrupción sostiene desde hace casi una década.

Ya en el año 2016, el fiscal delegado del caso, Fernando Soto, interesó el archivo de la causa al considerar que la instrucción no había aportado indicios de que existiera un grupo predeterminado de beneficiarios vinculados al partido del Gobierno que recibieran fondos de forma arbitraria para su enriquecimiento personal.

No obstante, el Ministerio Público sí reconoció en su momento que determinados empresarios y entidades próximas a la administración autonómica se vieron beneficiados de forma recurrente con dinero público.

Entre estos expedientes se citaron las ayudas vinculadas al exconsejero Ángel Ojeda o al exvicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco, si bien la Fiscalía precisó que dichas actuaciones dieron lugar a investigaciones judiciales independientes y no a la causa general por la que se imputó a la cúpula del SAE.