Las dos vías abiertas en la causa judicial de Ceuta: de la necesidad de colaboración de Marruecos al rastreo de las alertas en España

La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, a cargo de la instrucción sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta , tiene ante sí dos hilos de los que tirar.

Por un lado, investiga la autoría de lo que ella misma definió como un "grave ataque a la integridad territorial de España" , una tarea que requerirá de la colaboración del reino de Marruecos.

Además, la propia jueza expuso que "habrá de investigarse" las actuaciones que tuvieron lugar "dentro del territorio español", aunque en este momento de la instrucción no las vincula con ningún presunto delito.

Esas actuaciones se refieren a la respuesta de España "en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento".

Ambas vías están abiertas y el Juzgado Central de Instrucción número 3 las transitará a dos velocidades diferentes .

Aparte de investigar quién está tras la planificación y ejecución de la entrada masiva de inmigrantes, también indaga en si las autoridades españolas con deber para prevenirla tenían información previa y en si actuaron en consecuencia.

La reacción de España La causa ya avanza en este segundo plano: la instructora reclamó el pasado jueves al Ministerio de Justicia que remitiera al juzgado los informes y alertas que el Gobierno desclasificó el miércoles y publicó en la página web de Moncloa.

Entre ellos hay varias comunicaciones del CNI , que el 29 de julio avisó a los servicios de Inteligencia de Marruecos, a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil de una convocatoria para cruzar la frontera a Ceuta el 30 de julio, coincidiendo con la Fiesta del Trono del país alauí.

Una de las grandes incógnitas sobre lo ocurrido en Ceuta es lo que pasó después de que el CNI avisara al jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno de que en dos grupos de Facebook con "un total de 180.000 seguidores" se estaban realizando llamamientos para el "asalto por valla y mar" al día siguiente.

Precisamente el jefe de gabinete presentó el viernes la dimisión alegando lo siguiente: mientras que él asegura que reenvió la alerta del CNI al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, este último lo niega.

Previsiblemente, la magistrada instructora ordenará nuevas diligencias —como pueden ser las declaraciones de uno y de otro— para determinar cuál de los dos dice la verdad y saber hasta qué escalafón se elevó la información.

Si finalmente hubiera indicios de que una autoridad española con deber de resguardar la seguridad de la frontera conocía la existencia real de un riesgo elevado de la entrada masiva, y si se constatara que esa autoridad no actuó, ello podría comportar un delito de prevaricación administrativa por omisión , sin perjuicio de otros que pudieran surgir a medida que avanza la investigación.