El Gobierno airea el indulto al ex fiscal general como activo electoral: «Moviliza a los nuestros»
En vísperas de las generales, el Gobierno resucita la figura de Álvaro García Ortiz como activo electoral.
El que fuera fiscal general del Estado hasta que fue condenado por un delito de revelación de datos reservados , relacionado con la filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, vuelve al primer plano de la actualidad ante la posibilidad, aireada por el propio presidente y su ministro de Justicia, de ser indultado. «No lo descarto», respondió Pedro Sánchez, preguntado a tal efecto en una entrevista en 'eldiario.es', al tiempo que Félix Bolaños se limitó a señalar en 'RAC1' que «veremos si procede tomar estos días esa decisión» .
El plazo temporal para adoptar la medida de gracia sería, en consecuencia, antes de que se abrieran las urnas o «si procede dejarlo para más adelante», una vez que el Ejecutivo entre en funciones y hasta que se conforme un nuevo gabinete.En Justicia aseguran que el indulto, cuya solicitud partió de varias peticiones de ciudadanos particulares, «ya está encima de la mesa» del Gobierno, esto es, que se han cumplido los trámites previos oportunos, incluidos los que dependían del Tribunal Supremo.
En Moncloa confirman que «la están estudiando» y fuentes gubernamentales consultadas por ABC avanzan que tendría un «impacto» favorable para su electorado: «Este caso moviliza a lo nuestros», sentencian .
Sin «prejuzgar» la decisión que finalmente se adopte, las fuentes consultadas ya reconocen que solo el debate tiene beneficios para la campaña.
Permite, de manera interpuesta —esto es, sin entrar en los casos que afectan personalmente al presidente del Gobierno: el de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez— poner en circulación el argumento de la persecución judicial.En Moncloa mantuvieron un férreo cierre de filas con García Ortiz durante toda la instrucción y la celebración del juicio —cuando el presidente del Gobierno llegó incluso a proclamar su inocencia en una entrevista en 'El País'— y se mostraron muy críticos cuando resultó condenado.
En todo el proceso, el Ejecutivo mantuvo su apoyo al fiscal general, incluso conteniendo su intención de dejar el cargo, porque entendían que el ataque a su figura era, en realidad, un intento de desestabilizar a Sánchez.
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