Los gastos de la era Sánchez abocan al próximo Gobierno al mayor ajuste fiscal desde la Gran Recesión

A pesar de no tener Presupuestos y de haberse comprometido con Bruselas en 2024 a un plan de ajuste fiscal a siete años, el Gobierno ha seguido recurriendo a las políticas de gasto público cada vez que se ha encontrado un problema por delante.

El caudal sin precedentes de ingresos fiscales que ha entrado en la caja del Estado después de la pandemia le ha acostumbrado a no reparar en gastos a la hora de armar sus iniciativas políticas, pero esa etapa ha llegado a su fin. «Ya estamos al límite de nuestro margen fiscal y al límite de incumplir nuestros compromisos con Europa».

La nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha recordado este jueves que el Gobierno tiene un acuerdo con Bruselas para modular la evolución del gasto público nacional de aquí a 2031, que lo viene incumpliendo de manera reiterada y que el margen fiscal que este acuerdo incluyó para que las administraciones públicas españolas pudieran hacer frente a posibles imprevistos ya se ha agotado, e incluso podría desbordarse si el Ejecutivo aprobara un nuevo plan de ayudas contra la inflación en el último trimestre. «El límite ya es prácticamente nulo, incluso con la aplicación de la cláusula de salvaguarda para el gasto en Defensa.

Si fueran necesarias nuevas medidas para combatir el impacto de la inflación, y es muy probable que se necesiten nuevas medidas (de hecho, el Gobierno ya mantuvo este jueves una reunión con los agentes sociales para abordar un eventual nuevo paquete de medidas), no descartamos el riesgo de incumplir nuestros compromisos con Europa ya este año 2026 si no se disponen medidas para compensar ese gasto extra», ha advertido.El escenario que abre este pronóstico es inquietante.

El incumplimiento de los parámetros establecidos en el plan de ajuste fiscal estructural es uno de los elementos que habilitan a las autoridades europeas para a brir un procedimiento de déficit excesivo a un país concreto y para activar, por consiguiente, las medidas extraordinarias de control que ese procedimiento acarrea.

Según el marco fiscal comunitario, la primera de ellas es establecer un control reforzado sobre las cuentas del país e imponer la obligación de un ajuste fiscal estructural anual del 0,5% del PIB hasta que se vuelvan a poner las cuentas en orden.

En otras palabras, forzar por las malas los ajustes que los países no quisieron hacer por las buenas.El 'timing' del procedimiento de déficit excesivo eximirá al Gobierno actual de las potenciales consecuencias de este incumplimiento.