Un juzgado de La Coruña investiga por corrupción a cargos de la Agencia Tributaria

Un juzgado de La Coruña instruye desde el pasado junio una causa por presunta corrupción en la Agencia Tributaria, fruto de la querella que el pasado mes de mayo interpuso la operadora de hidrocarburos Hatta Energy.

La compañía denunció en los tribunales la existencia de una supuesta trama en la Delegación Especial de Galicia para expulsarla del mercado de los hidrocarburos mediante la dilatación y denegación de la condición de 'operador confiable', así como un proceso de «hostigamiento bajo apariencia de legalidad», abriendo procedimientos de comprobación censal de manera consecutiva.

Hatta es el proveedor principal de las gasolineras independientes, que representa el 40% del mercado en España.En la querella, a la que ha tenido acceso ABC, se señala a cuatro cargos de la AEAT en Galicia (un inspector regional, la jefa del equipo, un técnico de inspección y el delegado especial en la Comunidad), pero también a la inspectora jefa de área de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Contra ellos la operadora plantea una acusación de prevaricación administrativa continuada, omisión del deber de perseguir delitos, impedimento del ejercicio de otros derechos cívicos y coacciones, llegando a identificar «la presencia, al menos indiciaria, de la existencia dentro de la administración de hacienda de un grupo criminal».La querella fue admitida a trámite por la magistrada María Jesús García García, titular de la plaza nº6 de la sección de instrucción de los tribunales de instancia de La Coruña el pasado 16 de junio.

En un auto también consultado por este periódico, la instructora dio traslado a las partes y personas querelladas, solicitándole un informe a la Fiscalía.

El Ministerio Público pidió el archivo de la causa.

Sin embargo, la magistrada ha decidido seguir con la instrucción y está pendiente de ordenar nuevas diligencias, según ha podido saber ABC.Operador confiableSegún Hatta, la obtención de la consideración de operador confiable a una compañía de su tamaño es «una condición sine qua non para subsistir en el mercado», ya que de lo contrario «queda sometido a la obligación de constituir garantía individualizada equivalente al 110% del IVA por cada operación de salida del depósito fiscal», lo que exige un músculo financiero para cubrir «un entorno operativo de cientos de salidas diarias».

La sociedad, domiciliada fiscalmente en Oleiros (La Coruña), acusa a los querellados de querer «extinguirla» mediante la resolución fuera de plazo «del expediente de operador confiable». «Existen indicios de que esta y no otra es la finalidad de los querellados», añaden.En su relato de los hechos, los abogados de Hatta plantean dos momentos.