El PP pide al Supremo que obligue al Gobierno a dar cuentas sobre Ceuta en el Senado antes de que termine agosto

Solo quedan diez días de agosto.

Pocos para quienes disfrutan del último periodo de vacaciones pero suficientes a juicio del Partido Popular para que el Tribunal Supremo obligue al Gobierno a responder a las llamadas del Senado para acudir a dar explicaciones sobre la crisis provocada por el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.La escena de las últimas semanas en la sala Clara Campoamor de la Cámara Alta ha sido la misma: el síndrome de la silla vacía.

Hasta cuatro veces distintos miembros del Ejecutivo han evitado acudir a las convocatorias de comparecencia aprobadas para que dieran cuenta de sus actuaciones ante la crisis en la frontera.Primero fue la pasada semana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; después han seguido sus pasos los titulares de Exteriores, José Manuel Albares, y de Defensa, Margarita Robles; y este jueves Marlaska ha reincidido y ha vuelto a desoír la segunda llamada de la comisión.

Una sucesión de incomparecencias que han llevado al Partido Popular a presentar un recurso inédito ante el Tribunal Supremo con el objetivo de que enmiende la actitud del Gobierno.El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, fue quien se dirigió al Senado pidiendo la anulación de las comparecencias de los ministros alegando dos motivos: falta de tiempo para prepararlas adecuadamente y su proximidad con las previstas para la próxima semana en el Congreso.El Partido Popular sin embargo rechaza estos argumentos y cree que la negativa del Gobierno para rendir cuentas ante el Senado vulnera los derechos fundamentales de sus miembros, ya que la comparecencia ante el Congreso no anula la debida responsabilidad ante la Cámara Alta.«Un ministro no elige a la carta ante qué Cámara dar cuentas, es una obligación constitucional», ha resumido el presidente de la comisión de Interior, Fernando Martínez-Maíllo, ante el nuevo desplante de Marlaska.

Dado que el Gobierno ha hecho oídos sordos a sus quejas, el PP quiere que sea el Tribunal Supremo el que obligue a los miembros del Consejo de Ministros a retractarse.En su recurso ante la sala tercera de lo contencioso administrativo, los populares solicitan una medida cautelarísima que obligue a los ministros a acudir al Senado antes del mes de septiembre, es decir, antes de que se inicie el periodo ordinario de sesiones.

Esta medida quiere sea adoptada en un periodo de 24 horas para que el Gobierno traslade al Senado la disponibilidad de los ministros en los próximos diez días de mes y convocar las sesiones pertinentes.El PP reivindica que el Ejecutivo debe abstenerse de condicionar las comparecencias en el Senado a su sustitución por comparecencias promovidas por el propio Gobierno ante el Congreso, ya que una cámara no suple a otra.