Moncloa eleva el choque con el Supremo y le acusa de alentar la tesis del pucherazo con la 'ley de nietos'

El historial de choques entre el poder ejecutivo y judicial vuelve a engrosarse a cuenta de la 'ley de nietos'.

La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión del censo ha generado un nuevo enfrentamiento, por lo que, en la práctica, implica que unos 163.000 nacionalizados no podrán votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El hecho de que la Administración, tal como le ordenó el tribunal, no haya expurgado los expedientes de los nacionalizados correctamente de aquellos que no lo fueron ha provocado que se tome esta determinación ante el riesgo de constitución de un censo fraudulento. «La limpieza y pulcritud en la relación de electores constituye un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de oscuridad o irregularidad», señala la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Este fallo ha generado un profundo malestar en el Ejecutivo que, bajo la premisa de que «acata» la decisión, ha salido en tromba a criticar el posicionamiento del Supremo.

En Moncloa tratan de ser muy cuidadosos en público, dado que se exponen al castigo de la Junta Electoral Central, si hacen cualquier pronunciamiento de corte partidista desde organismos oficiales, pero en privado son mucho más elocuentes.

Fuentes gubernamentales lamentan la «utilización política» que se está haciendo de este asunto y acusan, abiertamente, al Alto Tribunal de dar alas a las tesis del pucherazo que alientan los partidos de derecha, PP y Vox. «Es gravísimo intentar introducir la posibilidad de un pucherazo en un sistema tan garantista como este», sentencian, para tildar de «irresponsable» la decisión. «Es trumpismo», tercian.

En este sentido, las fuentes consultadas aseguran que es de «extrema gravedad» «trasladar incertidumbre» sobre el sistema electoral y hacerlo, además, «a costa del derecho al sufragio». «Se restringe uno de los derechos fundamentales que es el derecho al sufragio, el derecho a voto.

En una democracia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe», señaló la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En Moncloa quieren dejar claro que «acatarán» la decisión del Alto Tribunal, pero no ocultan que su materialización es complicada en la práctica.

Hasta la fecha se ha conseguido identificar a unas 70.000 personas que deberían salir del censo, en base a la instrucción del Supremo, pero quedan en torno a 90.000 que no están en los registros informatizados, por lo que su localización entraña las consiguientes dificultades.«Es complejísimo sacar a esas personas del censo», señalan en Moncloa, porque casi supone una fiscalización «una por una» por parte de los cónsules.