Un informe encargado por el Ayuntamiento del PP de un pueblo de Toledo pone en duda parte de sus cuentas

Las cuentas del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán vuelven a estar bajo escrutinio por varias cuestiones relacionadas con los ingresos registrados y la contabilización de determinados gastos.

La liquidación de 2025 refleja 4.082.655,91 euros en derechos pendientes de cobro, cantidades que el Consistorio considera que tiene derecho a recibir, pero que todavía no han entrado en sus arcas.

La cifra no significa que todo ese dinero sea incobrable.

Sin embargo, el estudio de la liquidación contempla una reducción mínima de 2.003.166,87 euros por derechos de difícil o imposible recaudación, una cuantía que obliga a examinar qué parte de esos ingresos puede hacerse efectiva y cómo se refleja en la situación económica municipal.

Las dudas sobre los registros contables no proceden únicamente de la revisión de estas cifras.

El propio Ayuntamiento contrató una asistencia externa para revisar la contabilidad de ejercicios anteriores, un trabajo que identificó saldos cuya vigencia debía comprobarse y problemas en determinados apuntes.

Un informe encargado por el propio Ayuntamiento ya advertía de problemas Las advertencias sobre determinados apuntes económicos no son recientes.

Un informe encargado por el propio Ayuntamiento a la empresa GAM 2000 recomendaba depurar distintos saldos y señalaba que algunos derechos podían seguir apareciendo registrados pese a haber desaparecido por errores, anulaciones o prescripciones.

El estudio también recogía observaciones sobre subvenciones pendientes cuya existencia debía ser acreditada y sobre el registro de facturas, con referencias a posibles duplicidades.

La revisión posterior de algunos expedientes ha llevado además a modificar cantidades que figuraban inicialmente como ingresos pendientes.

En uno de los casos, el Ayuntamiento retiró 140.892,61 euros correspondientes a una aportación de la Diputación de Toledo.

Tesorería e Intervención concluyeron que no existía respaldo documental suficiente para mantener reconocido ese derecho.

A esta cifra se suman 268.039,02 euros que también fueron eliminados de los registros después de detectarse un error en su contabilización.

Las dos operaciones alcanzan los 408.931,63 euros.