PP y Vox aprueban aplicar la "prioridad nacional" a la vivienda valenciana con un criterio de arraigo contrario al de la UE

El Partido Popular empieza a introducir la "prioridad nacional" pactada con Vox en legislaciones concretas, dando hueco a la discriminación racista de la ultraderecha en el acceso a los servicios públicos.

Esta doctrina ya es ley en la Comunidad Valenciana, donde ambas fuerzas la han aprobado para limitar el acceso de las personas migrantes a la vivienda pública.

Ahora, para inscribirse como posible comprador una casa de protección pública en la región, habrá que acreditar "un mínimo de diez años de empadronamiento histórico en algún municipio" valenciano o del resto del Estado, pese a que la Unión Europea impide a los países situar el criterio por encima de cinco años.

Esto no ha impedido al partido del president, Juanfran Pérez Llorca, aceptar este límite en una enmienda de Vox a su propuesta de vivienda en Les Corts.

El parlamento regional ha aprobado este martes, con los votos de las derechas, introducir la "prioridad nacional" en este ámbito, a pesar de que la Comisión Europea advirtió -en respuesta a la petición del eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà- de que el proyecto iba en contra de la legislación comunitaria. ¿Qué dice la ley europea? El Ejecutivo europeo aclaró que el artículo 11 de una directiva de 2003 garantiza que los residentes de larga duración en los Estados miembro cuenten con igualdad de trato en el acceso a prestaciones sociales, entre ellas las de vivienda pública.

Asimismo, existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que impide que una administración nacional o regional imponga "unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años establecido", según dijo en su respuesta a Marzà el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, del PP europeo.

A pesar de esto, la Ley 5/2006 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera de la Generalitat Valenciana ha sido aprobada en Les Corts, fijando en su artículo 45 la necesidad de acreditar "un arraigo real, duradero y verificable" superior a diez años para acceder a una vivienda pública en la región.

Este matiz del "arraigo" es la salvedad que introdujo el PP al principio de "prioridad nacional" que aceptó en sus pactos con Vox para formar varios Gobiernos en toda España a principios de este año.

Concretamente en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía; aunque la ultraderecha también lo ha forzado en iniciativas parlamentarias en el resto de España.

En el caso de la Comunidad Valenciana, los de Santiago Abascal amenazaron con tumbar los presupuestos del Consell de Pérez Llorca si estos no incluían su doctrina racista, convirtiendo estas cuentas en las primeras del país en discriminar explícitamente a los migrantes en el acceso a servicios públicos.