La crisis de la vivienda anota un nuevo récord como primera preocupación de los españoles

La realidad del problema de la vivienda no es solo un reflejo en el escenario institucional, con la división de opiniones entre distintos colores políticos y la escasez de medidas efectivas, sino aún más acuciado en el ámbito social.

El clamor de las acampadas populares en distintas plazas del país y la convocatoria de la huelga general el 11 de noviembre se han traducido a su vez en una percepción en negativo a ojos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El Barómetro de este mes de octubre demostró que la preocupación por la vivienda se ha incrementado en 18,2 puntos, todo un récord, alcanzando ya el primer puesto en los problemas de los españoles, superando a su vez el 55% de menciones dentro del estudio sociológico.

Las encuestas se realizaron entre el 1 y 6 de octubre, coincidiendo en tiempo y forma con las razones que motivaron la situación actual: el desahucio de Maricarmen, la mujer madrileña de 87 años desahuciada de su vivienda en alquiler desde hacía siete décadas y cuyo procedimiento abocó a su muerte dos semanas después, así como la caída de los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno central que declinaron en el adelanto de las elecciones generales.

Bajo este marco, la vivienda ya se sitúa como la principal preocupación de la ciudadanía con un 55,7% de menciones en el CIS, seguida por la inmigración (20,9%), la crisis económica (20,3%) y el empeoramiento de la calidad del empleo (19,4%).

Cabe recordar que la primera vez que encabezó este puesto, y que se ha mantenido durante 21 meses de manera ininterrumpida, fue en diciembre de 2024 con un 22,3% de menciones, rozando el pasado mes de mayo cerca del 50%.

Sobre desahucios, fondos buitre y gestión estatal en vivienda El CIS, que la semana pasada publicó un estudio específico sobre vivienda antes del desahucio de Maricarmen, ha aprovechado el barómetro de octubre para testar la opinión, resolviendo que cerca del 54% asegura haber seguido con bastante detalle y un 34,8% de manera general.

De este colectivo, el 75% le otorga mucha o bastante importancia al desahucio de la fallecida, por un 22,7% que le concede poca o ninguna.

Entre quienes han seguido el caso, el 57,1% cree que en estas situaciones debe primar la protección de las personas vulnerables, mientras que el 32,7% considera que hay que anteponer "el cumplimiento de la ley y los contratos".

En todo caso, el 82,3% de las personas entrevistadas sostiene que debe priorizarse la vivienda como un derecho constitucional.

El instituto sociológico también ha incluido preguntas sobre las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la caída de los decretos y la consiguiente vía de Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados antes de las elecciones del 29 de noviembre.