Las mujeres de Camerún se rebelan contra una violencia machista que ni siquiera tiene nombre en su Código Penal

Geraldine Achiah era profesora de primaria y tenía un hijo de 18 años que soñaba con convertirse en ingeniero mecánico.

Se había casado en julio y apenas dos meses después estaba muerta.

Su familia sostiene que su marido la golpeó durante una discusión doméstica.

El hombre, que niega haberla matado, permanece en prisión preventiva acusado de asesinato y a la espera de juicio.

Su muerte ha pasado a formar parte de una estadística que no deja de crecer en Camerún: cerca de 70 mujeres han sido asesinadas por motivos relacionados con su género en lo que va de 2026, según las cifras del Ministerio de Promoción de la Mujer y la Familia recogidas por Associated Press.

El caso de Achiah ha contribuido a alimentar una movilización que ya ha llevado a miles de personas a las calles de Yaundé y Duala, las dos principales ciudades del país.

Las manifestantes reclaman protección frente a la violencia machista, investigaciones eficaces y un cambio legislativo que lleva años pendiente.

Camerún todavía no reconoce expresamente el feminicidio como un delito autónomo en su Código Penal, de modo que los asesinatos de mujeres por razones de género se persiguen mediante las figuras generales de homicidio y asesinato.

La distinción no supone que estas muertes queden legalmente impunes de forma automática, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian que el sistema no identifica adecuadamente la dimensión de género de los crímenes ni ofrece suficientes mecanismos de prevención y protección.

La presión social ha obligado al Gobierno a acelerar una reforma que pretende incorporar el feminicidio al ordenamiento penal.

El proyecto, cuya presentación parlamentaria está prevista para noviembre, llega después de años de compromisos institucionales que apenas se han traducido en mejoras para las víctimas.

El problema, según las organizaciones feministas, va mucho más allá de la ausencia de un delito específico: la dependencia económica, las leyes familiares discriminatorias, los retrasos judiciales y la falta de recursos públicos dificultan que muchas mujeres puedan abandonar una relación violenta o denunciar a sus agresores.

Un asesinato que ha puesto rostro a las protestas La familia de Geraldine Achiah todavía intenta asimilar lo ocurrido.

Su hijo, Courage Abombi, tuvo que presentarse a una prueba de acceso a la universidad al día siguiente del entierro de su madre.