La factura del PNV a Sánchez por su apoyo desde 2023: una cárcel, el troceo de la Seguridad Social y cientos de funcionarios

Después de confirmar que los siete diputados del PNV en el Congreso iban a votar 'sí' en la investidura de Pedro Sánchez en 2023, Andoni Ortuzar valoró en público lo pactado con el líder del PSOE como «bueno» para el País Vasco: «Hay un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente y se sientan las bases para negociar el autogobierno futuro».

El presidente del Gobierno de España se había comprometido de nuevo a hacer efectivo un listado de traspasos para «completar» el Estatuto de Guernica y a iniciar conversaciones para reformarlo.

Tres años después, no hay noticias sobre el «nuevo estatus» y las negociaciones sobre las transferencias han entrado en un tiempo muerto.

Antes, edificios, cientos de plazas de funcionarios y personal laboral adscritos a la aplicación de distintas políticas públicas y su correspondiente presupuesto han cambiado de manos en España: de la Administración central, a la vasca controlada mayormente por el PNV.Fue el 10 de noviembre de 2023 cuando Sánchez y Ortuzar reeditaron el pacto de la legislatura anterior que, junto a la 'mayoría Frankenstein' (Sumar, EH Bildu, Junts, ERC, BNG y Cc), devolvía al socialista al Palacio de la Moncloa y asentaba también la alianza con los nacionalistas en el País Vasco.

Aquí, tras prescindir del lendakari Íñigo Urkullu como candidato, Sabin Etxea lograba evitar por apenas 30 mil votos el sorpasso de EH Bildu en las autonómicas del 21 de abril de 2024.

El 20 de junio Imanol Pradales fue investido en Vitoria presidente del Gobierno vasco en coalición con el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y, siguiendo la línea marcada por Madrid y Bilbao, con la ampliación del autogobierno a través de las transferencias pendientes como uno de sus principales ejes de acción.

Tres, los servicios de cercanías, la fase de autonomía del sistema de protección internacional y la homologación de títulos para extranjeros (anulada posteriormente por el Tribunal Supremo), tenían carácter prioritario y se habían ratificado antes de las elecciones vascas.

Más tarde, en diciembre de 2024, ya con Pradales al frente del Ejecutivo autonómico, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el traspaso de la ordenación y gestión del litoral vasco y de las funciones vinculadas a fundaciones y asociaciones culturales, de juventud y promoción sociocultural, patrimonio histórico-artístico y deportes.

La Comisión Mixta de Transferencias seguía funcionando con Sánchez y Pradales marcando el paso con sus encuentros en Moncloa en el marco de la Comisión Bilateral creada ex profeso.