Los costes del secretismo económico

El 16 de septiembre los partidos de la derecha, PP, Vox, Junts y UPN, tumbaron el real decreto ley de transparencia e integridad que trataba de regular las actividades de los grupos de interés en España. El rechazo a regular los lobbies supone mantener en el secretismo decisiones clave de la política y economía en aspectos tan relevantes como la elaboración de las leyes, la fiscalidad, y derechos esenciales de los ciudadanos. La ausencia de regulación de los poderosos grupos de interés que inciden de manera decisiva en la vida de los ciudadanos supone una grave devaluación de la democracia española.

La regulación de los lobbies, que nos viene exigiendo la Unión Europea desde hace años, es una cuestión de vital transparencia. Permitiría que los ciudadanos conocieran la identidad de los grupos de interés, sus fuentes de financiación, l as actividades que realizan y sobre todo sus relaciones con las personas con responsabilidades públicas susceptibles de influencia.

La decisiva influencia de los lobbies en el capitalismo moderno viene siendo analizada desde hace años. El profesor de Economía Stefano Zamagni menciona en el prólogo del valioso libro Finanzas Éticas y Prosperidad (Icaria), de Pedro Manuel Sasia, Ugo Biggeri, Federica Ielasi y Giovanni Ferri, un dato relevante del informe del Corporate Europe Observatory (2014): “El sector financiero gasta 30 veces más en grupos de presión que cualquier otro ámbito industrial o comercial”. Y añade que “la representación de los grupos de presión financieros en comparación con la de la sociedad civil y los sindicatos revela un desequilibrio significativo: una proporción de 95 a cero en el grupo de partes interesadas del Banco Central Europeo”.

En España, la influencia del poder financiero en la gestión de la crisis bancaria, las más costosa de la UE, ha quedado patente en numerosas ocasiones, a veces imperceptibles. En 2019, la Ley de Contratos sobre Crédito Inmobiliario elevó de dos a tres puntos el recargo de los intereses de demora en las hipotecas. El registrador de la propiedad Carlos Ballugera advirtió de que se trataba de “un regalo de 1.840 millones de euros que percibirán los bancos por intereses de demora”. El registrador, uno de los mayores expertos en materia hipotecaria, recordó entonces que, hasta esta ley, los intereses de demora superiores en más de dos puntos al interés remuneratorio “son nulos por abusivos”. Nunca se supo cuál fue la mano que impulsó la subida.

La acción de los poderes económicos ha sido especialmente relevante en el ámbito fiscal. En enero de 2025, los grupos de la derecha, PP, Vox, Junts, PNV y UPN lograron eximir a las compañías energéticas del gravamen extraordinario que había aprobado el Gobierno de coalición progresista para estas empresas y la banca, tras sus vertiginosas ganancias. La recaudación por el gravamen a las energéticas fue de 1.164 millones de euros en 2024. Se desconocen las gestiones de los intermediarios para lograrlo.

Las políticas de las distintas derechas permiten cuantiosos beneficios para poderosos grupos económicos a costa de rebajar la calidad de la democracia, la capacidad fiscal del Estado y los derechos ciudadanos.