Del "unir y servir" a demostrar resultados: el reto de Illa en el ecuador de la legislatura

Salvador Illa afronta el ecuador de su mandato con una premisa política tan sencilla de formular como compleja de ejecutar: transformar la gestión ordinaria de la Generalitat de Catalunya en una respuesta perceptible ante los problemas que condicionan la vida cotidiana de los y las catalanes.

El president vuelve este lunes a las Drassanes de Barcelona, el mismo escenario desde el que presentó hace poco más de dos años su candidatura bajo el lema "Unir y servir", para reivindicar una determinada concepción del Govern: menos centrada en la disputa identitaria y más orientada a la capacidad efectiva de las instituciones para resolver problemas.

Sin embargo, este contexto parece menos cómodo que el que acompañó los primeros compases del Ejecutivo.

El Govern ha conseguido aprobar los Presupuestos de 2026 y ha iniciado ya la tramitación del techo de gasto para 2027, fijado en 43.191 millones de euros, un 4,9% más que el ejercicio anterior.

Las cuentas vigentes ascienden a 49.162 millones.

Pero el conflicto educativo, las dificultades de Rodalies, la crisis de acceso a la vivienda, la seguridad, las necesidades del sistema sanitario y la presión derivada del cambio climático conviven con un escenario político en el que la extrema derecha gana capacidad de penetración.

La pretensión de los socialistas catalanes es ofrecer una arquitectura de prioridades para la segunda mitad de la legislatura y demostrar que la estabilidad institucional puede traducirse en resultados tangibles, frente a los auges extremistas y totalitarios que despuntan desde ya hace tiempo en Catalunya y España.

Una administración diseñada para ejecutar La Generalitat pretende reducir cargas burocráticas, simplificar procedimientos urbanísticos y municipales y facilitar la relación de ciudadanos y empresas con los servicios públicos.

La política territorial adquiere aquí una dimensión estratégica.

El despliegue del Pla únic d'obres i serveis, con 500 millones de euros hasta 2029, y el futuro Plan de Pueblos pretenden evitar que la capacidad de inversión pública dependa exclusivamente del tamaño de cada municipio.

A ello se suma la aceleración de proyectos considerados estructurales, desde las nuevas instalaciones hospitalarias hasta las iniciativas audiovisuales y tecnológicas.

La cuestión fundamental será comprobar si la simplificación normativa se traduce en menores plazos y si los recursos llegan realmente al territorio.

Finanzas: más recursos, pero también más capacidad de ejecución La aprobación de los Presupuestos de 2026, las primeras cuentas de la legislatura, proporciona al Ejecutivo catalán un margen político del que careció durante buena parte de su primera etapa.

Pero la estabilidad presupuestaria no equivale a disponer de recursos ilimitados.