La Fiscalía pide que Óscar López sea juzgado por la justicia ordinaria por propagar el bulo de la bomba lapa

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López , podría ser juzgado por la Justicia ordinaria por propagar el bulo de la bomba lapa .

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid se ha mostrado partidaria de rechazar que el líder del PSOE de Madrid sea juzgado por el Tribunal Supremo, ya que las manifestaciones que son objeto de la demanda interpuesta por el excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, no estarían amparadas por su condición de aforado.

La demanda contra López fue presentada el pasado mes de mayo por el exresponsable del departamento de fuentes de la policía judicial, quien solicita 350.000 euros al ministro de Pedro Sánchez por vulneración de su derecho al honor por acusarle de «fantasear» con perpetrar un magnicidio contra el presidente del Gobierno.

El bulo de la bomba lapa tuvo su origen en una información del digital 'El Plural', que publicó una conversación manipulada por el guardia civil con su confidente, José Luis Caramés , en la que se suprimieron tres frases clave que cambiaban radicalmente el sentido de la misma.

De la publicación -titulada 'El agente de la UCO patriótica fichado por Ayuso, partidario de utilizar la violencia: «Alto, plomo… y bomba lapa»'- de esos mensajes secretos, el ministro acusó al exagente de la UCO de pretender «poner una bomba lapa en los bajos del coche» o mandarle un «sicario venezolano» en la X.

Posteriormente, en dos actos de partido, exigió a la presidenta de la Comunidad de Madrid su destitución fulminante: «Tras las pruebas reveladas, es insostenible que Juan Vicente Bonilla, excapitán de la UCO y actual responsable del Sermas (Servicio Madrileño de Salud) siga en su puesto.

Mantenerlo es una burla a la democracia.

Ayuso debe cesarle ya».

En un escrito al que ha tenido acceso ABC, la fiscal María Ángeles León Palomares «comparte» las razones expuestas por el demandante en su escrito de apelación contra la inhibición de la causa en favor del Supremo, y cita jurisprudencia previa en casos similares en los que el TS no juzgó casos de aforados porque las manifestaciones objeto de demanda no se produjeron en el ejercicio de su cargo, sino en la red social X o en actos de partido.

Por este motivo, la fiscal asegura que «no es aplicable la regla de competencia objetiva» prevista en el artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.La Fiscalía no ve competente al SupremoLa representante del Ministerio Público manifiesta que «no parece razonable que se alteren las reglas ordinarias sobre competencia objetiva» convirtiendo a la sala primera del Supremo, en el órgano «que enjuicia en primera y única instancia todas las demandas de responsabilidad civil que interpusieran contra esas personas por las manifestaciones que realizan en sus redes sociales».