El poder socialista ante los jueces

El presente y el pasado reciente del socialismo español han quedado unidos por los tribunales.

El juez Juan Carlos Peinado decretó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación, por lo que la esposa del presidente del Gobierno será juzgada por un tribunal popular.

Casi al mismo tiempo, el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, dio tres días a José Luis Rodríguez Zapatero para que aporte la documentación sobre las joyas descubiertas en su despacho y citaba como investigadas a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

Dos procedimientos distintos, sin equivalencia jurídica entre ellos, pero que proyectan una imagen política difícil de soslayar: Sánchez y Zapatero, unidos por sendas investigaciones que alcanzan de lleno a sus entornos familiares.

El frente del expresidente resulta especialmente revelador por su resistencia a ofrecer explicaciones.

Zapatero aseguró el pasado 17 de junio que «en una semana o diez días» aclararía el origen de las joyas encontradas por la Policía en la caja fuerte de su despacho.

Han transcurrido más de tres meses y esa explicación no ha llegado.

Ha tenido que ser el juez quien le conceda ahora tres días para presentar la documentación de que disponga y quien ordene una nueva pericial sobre las piezas.

A ello se añade la citación como investigadas de sus dos hijas por los pagos recibidos de Julio 'Julito' Martínez, asesor de Plus Ultra, y otros clientes por trabajos de marketing cuya naturaleza investiga la Audiencia Nacional.Zapatero tiene, por supuesto, pleno derecho a defenderse, impugnar diligencias y recurrir cualquier actuación que considere contraria a sus intereses.

Pero esas garantías no convierten el silencio en una explicación ni eximen a un expresidente del deber político de transparencia, especialmente cuando fue él mismo quien se comprometió públicamente a aclarar los hechos.El caso de Begoña Gómez está ya en una fase diferente.

Terminada la instrucción, Peinado ha acordado que sea juzgada por tráfico de influencias y malversación.

Gómez conserva íntegramente su presunción de inocencia y podrá ejercer todos sus derechos ante el tribunal.

Lo verdaderamente inquietante, por tanto, no es que el Gobierno defienda su inocencia, sino que haya reaccionado atacando de nuevo al juez y dirigiéndose incluso a quienes formarán el jurado.

La Moncloa ha «condenado» la decisión judicial, ha calificado la instrucción de «arbitraria e injusta» y ha vuelto a denunciar una persecución contra la esposa del presidente.