Ni agentes de la UCO ni móviles incautados: la revelación de secretos del PP no se investiga como al exfiscal general

La Audiencia Provincial considera excesivo que se requisen los correos de la alcaldesa de Alcalá, procesada por filtrar una nota policial "para salvar" a Ayuso, mientras una jueza de Madrid rechaza interrogar a los agentes sospechosos de entregar a Miguel Ángel Rodríguez la filiación de dos periodistas La Fiscalía pide dos años y medio de inhabilitación para la alcaldesa de Alcalá por revelar secretos “para salvar” a Ayuso Las dos causas judiciales por revelación de secretos que afectan a cargos del Partido Popular en Madrid evidencian la excepcionalidad que empleó el Tribunal Supremo en la investigación al anterior fiscal general del Estado y que acabó en una condena de inhabilitación a Álvaro García Ortiz .

El juez Ángel Hurtado envió a la unidad anticorrupción de la Guardia Civil a requisar por sorpresa todos los dispositivos móviles del entonces fiscal general del Estado.

El pasado 2 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó por “desproporcionada” la incautación del teléfono de la alcaldesa de Alcalá de Henares, procesada por filtrar una nota interna de la Policía, mientras que otra jueza de la capital se niega a tomar declaración a los policías que presuntamente le entregaron los datos de dos periodistas que luego Miguel Ángel Rodríguez difundió junto a una fotografía de los profesionales.

El 30 de octubre de 2024, un grupo de agentes de la Guardia Civil, con el teniente coronel Antonio Balas a la cabeza, permaneció más de 10 horas en el despacho del fiscal general del Estado, al que habían accedido con un auto firmado por el juez Hurtado.

En la resolución se detallaba todo cuanto debían incautarse para el esclarecimiento de un presunto delito de revelación de secretos, en relación con la aparición en medios de comunicación de un correo electrónico enviado por el abogado del empresario y comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid.

En el mensaje el letrado ofrecía un pacto para dentro de la investigación por fraude fiscal contra él, justo lo contrario de lo que estaban informando El Mundo y otros medios.

En resumen, el juez autorizaba a la UCO a llevarse del despacho de García Ortiz cualquier documentación en soporte físico o digital que pudiera tener relación con los hechos.

Destacaba el siguiente párrafo: “En cuanto a los servidores, servicios de correo electrónico (en el periodo comprendido desde el 8 de marzo hasta la materialización de la diligencia), redes sociales y otros repositorios se autoriza el volcado...”.

El magistrado del Tribunal Supremo ordenaba a los agentes copiar toda la información del teléfono de una de las más altas autoridades del teléfono almacenada durante siete meses.