España vuelve a llevar a la UE la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego

Tras el fracaso por el veto de una docena de países europeos el año pasado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez recupera la iniciativa para cumplir uno de los compromisos de investidura alcanzados con Carles Puigdemont, presidente de Junts El Gobierno sugiere que hay motivos políticos en el veto de varios países a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE El Gobierno ha vuelto a pedir que se lleve el asunto de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE para que se discuta en el consejo de Asuntos Generales, tras el veto que sufrió la iniciativa española el pasado año.

La inclusión de los idiomas oficiales españoles en las instituciones europeas es uno de los compromisos alcanzados por Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, presidente de Junts, para su investidura.

El Gobierno se encuentra en estos momentos en plenas negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado con varias formaciones políticas, entre las que se encuentran Junts y ERC.

Fuentes diplomáticas han explicado a elDiario.es que se ha pedido incluir este punto en el consejo de Asuntos Generales que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre.

La propuesta española se enmarca en el procedimiento de ampliación que ha iniciado la Unión Europea con países como Albania y Montenegro.

Las mismas fuentes han comentado que con la ampliación de la UE se introducirán nuevas lenguas en el régimen lingüístico de la Unión Europea y no tendría sentido que se añadan nuevas lenguas como el montenegrino o el albanokosovar y se dejen fuera idiomas oficiales de países miembros como el catalán, el euskera y el gallego.

En julio de 2025, el Ejecutivo español ya intentó que este asunto entrase en el Consejo de Asuntos Generales que se celebraba en Bruselas el 18 de julio.

Sin embargo, un grupo de países encabezado por Alemania, Italia, Finlandia, Croacia, República Checa y Suecia se opusieron rotundamente a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE.

Entonces, alrededor de una docena de países intervinieron en el debate y “expresaron numerosas preocupaciones legales y prácticas”, según fuentes diplomáticas.

Tras la negativa, el Gobierno mostró su malestar y apuntó que, detrás del rechazo de países como Alemania o Finlandia, había motivos políticos.

Entre otras cosas porque entonces el Gobierno había hecho una nueva propuesta en la que dejaba más claro que España correría con los costes de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.

En aquellas fechas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió que la nueva iniciativa despejaba todas las dudas posibles, como que no es necesario llevar a cabo una modificación de los tratados de funcionamiento de la UE, en contra del criterio de los servicios jurídicos de la Unión Europea.