De la incorporación de la IA a la evaluación de leyes: las 5 misiones del Parlament para el nuevo curso político

El nuevo curso político en el Parlament arranca en septiembre con la reanudación de la actividad parlamentaria , pese a que, por el momento, no está previsto ningún pleno hasta finales de ese mes. Los partidos afrontan varias leyes pendientes de aprobar -como la de la especulación o la de memoria democrática-, mientras que la institución deberá seguir avanzando en los retos que se ha marcado para la segunda mitad de la legislatura . Tras renovar antes del verano su cúpula técnica -la secretaría general, la letrada mayor y la dirección de gobierno interior-, la Cámara catalana encara cinco grandes misiones para lo que queda de mandato.

La decisión de situar a Clara Marsan al frente de la secretaría general, tras ejercer como letrada del Parlament desde 2019, busca dar un impulso a la modernización digital de la Cámara y a la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los procesos parlamentarios. Desde 2023, Marsan es secretaria del Consejo Asesor del Parlament sobre Ciencia y Tecnología (CAPCIT) , el principal órgano de asesoramiento de la institución en estas materias, por lo que su perfil encaja con este fin.

Fuentes del Parlament explican a EL PERIÓDICO que la institución todavía está lejos de poder incorporar la IA de forma autónoma y generalizada en sus procesos, ya que antes deben digitalizarse muchos de los procedimientos . Con todo, durante esta legislatura ya se han dado algunos pasos. Como publicó este diario, la Cámara ha impulsado pruebas piloto para aplicar este tipo de tecnología, por ejemplo, a la transcripción de los discursos pronunciados en el hemiciclo. En los dos años que quedan de legislatura, el objetivo es seguir avanzando en esta transformación y ampliar progresivamente el uso de estas herramientas.

De la mano de la IA, el Parlament pretende también dar un impulso a la renovación del vocabulario legislativo de las leyes aprobadas para garantizar un lenguaje inclusivo. Aunque se trata de una iniciativa impulsada por los grupos parlamentarios y que quedó encarrilada antes del verano, con la aprobación de la tramitación por vía rápida de una proposición de ley que modifica la terminología empleada en 25 normas, el origen de la propuesta está en la Mesa del Parlament y, concretamente, en su presidente, Josep Rull, que ya la fijó como una de sus prioridades al inicio del mandato. La voluntad es adaptar el ordenamiento jurídico catalán a un lenguaje " respetuoso, adecuado, inclusivo y preciso " con las personas con discapacidad.

Otro de los retos que el Parlament quiere encarrilar en lo que queda de legislatura es la evaluación de las leyes una vez aprobadas . La Mesa trabaja en un mecanismo que permita comprobar, pasado un tiempo, si las normas han cumplido realmente los objetivos para los que fueron concebidas y si han generado efectos no previstos. La iniciativa, todavía en fase de estudio, toma como referencia experiencias de otros parlamentos y las recomendaciones de la OCDE , que plantea evaluar la regulación tanto antes como después de su aprobación. La intención es "reforzar la calidad legislativa" y abrir la puerta a "corregir o actualizar aquellas leyes que no hayan dado los resultados esperados".