La indefensión de los funcionarios ante las presiones de los políticos: «Hay miedo a que te puedan cesar o coartar tu carrera»

«Hay veces en que el funcionario está solo ante un posible cese, ante una posible coacción o presión y le da miedo que le puedan cesar o coartar su carrera profesional».

La plataforma que aglutina a los sindicatos y asociaciones profesionales representativas de los principales cuerpos superiores de la Administración del Estado (inspectores de Hacienda, abogados del Estado, técnicos comerciales del Estado), Fedeca, emitió hace unos meses un célebre comunicado en el que animaba a todo aquel funcionario que tuviera conocimiento de alguna irregularidad o algún caso de corrupción a denunciarlo y a prestarle toda la protección que necesitara para hacerlo.

Este jueves, en su primer congrego anual, la plataforma más representativa de los altos funcionarios del Estado ha vuelto a poner el asunto de la relación entre los políticos y los funcionarios en el foco.«Lo que no puede ser es que desde el poder político se deriven responsabilidades hacia los funcionarios», se ha lamentado la presidente de Fedeca, Ana Ercoreca, a su vez presidenta de lo Asociación de Inspectores de Trabajo. «Lo que les decimos a los funcionarios desde Fedeca es que no están solos, que se animen a denunciar porque va a tener todo nuestro respaldo y que puede acudir a nosotros cuando tienen un problema».Porque esos problemas son más usuales de lo que uno podría pensar.

No el conocimiento de casos de corrupción, que es más episódico, pero sí la existencia de injerencias en el trabajo de los altos funcionarios y presiones desde el ámbito político para hacer una u otra cosa. «Al final los corruptos duermen a pierna suelta, los que no duermen son los funcionarios que viven con la inquietud de si han podido firmar o dar trámite a algo tras lo que haya alguna irregularidad», ha asegurado Mario Garcés, interventor general del Estado que llegó a ser secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en el Gobierno de Mariano Rajoy y que este jueves ha pedido expresamente que se habiliten canales de denuncia anónimos y eficaces en el ámbito de la Administración del Estado para que aquellos funcionarios que sufran presiones o instrucciones para hacer algo irregular puedan denunciar la situación con totales garantías.Porque el marco actual no termina de garantizar ese derecho.

Varias fuentes de cuerpos superiores de la Administración consultadas por ABC a propósito del despliegue de la ley de protección de los informantes aprobada en 2023 admiten que los canales de denuncias dispuestos hasta la fecha no se caracterizan ni por su seguridad ni por su fiabilidad.