Feijóo pide la expulsión de todos los migrantes de Ceuta: "Ni mayores ni menores, han de regresar todos"

El PP rechaza el traslado de 500 niñas desde la ciudad autónoma a la Península porque “Marruecos es un país seguro para el retorno”, y se aferran al pacto migratorio europeo, que no está en vigor en España El Gobierno trabaja en el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península El PP no acepta el plan del Gobierno para trasladar desde Ceuta a la Península a 500 niñas que entraron en España en el paso de la frontera de los pasados 30 y 31 de julio.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha asegurado este miércoles que solo hay una opción: que las menores sean devueltas a Marruecos.

Para ello dan por bueno el supuesto ofrecimiento del país regido por Mohamed VI para el retorno de las menores y plantean el soporte legal del pacto migratorio europeo, que no está todavía en marcha en España.

Así lo ha expresado el propio Feijóo este miércoles en una rueda de prensa en Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas.

“En ningún caso puede otorgarse derechos a quien ha participado en una invasión ilegal.

Ni mayores ni menores.

Han de regresar todos”, ha sostenido el líder de la oposición, quien ha reiterado la idea de diferentes maneras.

“Deben volver bien de manera voluntaria o mediante expulsión.

Pero todos.

Y cuando digo todos, son todos.

En ningún caso puede crearse un precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal”, ha asegurado.

La posición del PP ya la habían apuntado otros dirigentes durante todo el día.“Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?”, ha asegurado esta mañana el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en una entrevista en Antena 3.

El Gobierno contempla aplicar una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables en recursos adaptados en la península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades, en su mayoría en manos del PP.

La cifra concreta de menores de edad a las que afectará es provisional y puede cambiar.