Asociaciones judiciales extremeñas salen en tromba a defender a la juez Biedma: «Es una grave amenaza al estado de derecho»

Las tres principales asociaciones judiciales con representación en Extremadura cierran filas en torno a la magistrada Beatriz Biedma, la juez que instruyó durante años la causa por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han expresado conjuntamente su «respaldo y solidaridad» con la magistrada ante las informaciones difundidas en los últimos días sobre las presiones que habría sufrido durante el ejercicio de su función.

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones aluden a la existencia de «presiones externas» y de «situaciones de hostigamiento personal y familiar» que, según señalan, se habrían producido con la pretensión de «deslegitimar su labor jurisdiccional».

Las asociaciones no mencionan expresamente el llamado caso Leire, aunque su pronunciamiento se produce precisamente después de que hayan trascendido informaciones sobre la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en torno a la presunta trama relacionada con la exmilitante socialista.Biedma ha solicitado personarse como acusación particular en ese procedimiento al considerar que ella misma pudo ser uno de los objetivos de las actuaciones que están siendo investigadas.

La magistrada sostiene que tuvo conocimiento de contactos entre personas vinculadas a esa presunta trama y miembros de un conocido clan dedicado al narcotráfico asentado en Badajoz.

El objetivo, según la información que ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional, habría estado relacionado con actuaciones contra ella.Las informaciones conocidas en los últimos días apuntan también a la existencia de anotaciones y contactos relacionados con la magistrada.

La propia Biedma ha puesto estos elementos en conocimiento del juez Pedraz, que deberá determinar ahora el alcance de los hechos y si existen responsabilidades penales.

Es en este contexto en el que las tres asociaciones judiciales extremeñas han decidido hacer público su respaldo a la magistrada.

En su comunicado reivindican que «el Poder Judicial actúa con plena independencia, sometido únicamente al imperio de la ley» y advierten de que cualquier intento de presión sobre los jueces constituye una amenaza para el funcionamiento de las instituciones. «Cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones constituye una grave amenaza para el Estado de Derecho y para el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas», señalan las tres organizaciones.