Moncloa dice que cumplirá la resolución del Supremo sobre la 'ley de nietos' pero ve difícil sacar a todos del censo a mes y medio del 29N

El Gobierno no tiene otro remedio que acatar la decisión del Tribunal Supremo que mantiene suspendido el derecho a voto a miles de nacionalizados por la llamada 'ley de nietos', pero deja claro que todavía no sabe cómo hacerlo .

Fuentes de Moncloa alegan que ven "complejísimo" identificar quiénes están afectados y separar sus inscripciones de las del resto de españoles residentes en el extranjero.

"Se hará. ¿Cómo? Lo estamos mirando.

Veremos qué triple salto mortal ", señalan fuentes de Presidencia, donde consideran que con las elecciones del 29 de noviembre ya convocadas será muy complicado revisar y depurar el censo a tiempo .

De hecho, en Moncloa no esconden su malestar por la resolución del Tribunal Supremo, que consideran que "restringe" el derecho a voto.

La misma, comunicada este lunes, afecta a 163.020 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según los datos que el propio Gobierno trasladó al tribunal.

El Supremo rechazó el recurso de la Abogacía del Estado —la Fiscalía también había pedido levantar la medida— y mantuvo la suspensión cautelar acordada en septiembre.

La orden afecta tanto a quienes todavía no habían sido inscritos como a quienes ya figuraban en el censo: estos últimos no podrán votar salvo que obtengan de su consulado un certificado que acredite que cumplen los requisitos de la Ley de Memoria Democrática, es decir, que acrediten que el exilio de sus antepasados se produjo por motivos políticos.

El tribunal ha dado cinco días a los afectados para personarse y presentar alegaciones .

En Moncloa aseguran que el proceso para localizar a determinados afectados será "complejísimo" a nivel administrativo, puesto que alegan que los consulados en países como Argentina o Cuba tendrían que revisar documentación de forma manual, uno a uno, y el tiempo corre en su contra.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz , calificó este martes la situación de "extraordinaria gravedad" y defendió que "el derecho a voto en una democracia se garantiza, no se restringe".

El Ejecutivo subraya que algunos de los afectados ya habían votado en procesos anteriores.

El malestar va más allá de la dificultad administrativa: el Gobierno plantea que la medida puede dejar sin votar a ciudadanos que ya habían ejercido ese derecho.

Además, también denuncia que la polémica se está utilizando para extender sospechas de fraude electoral.