El PP convierte el voto de los nietos del exilio en otra batalla contra Sánchez bajo la sombra del fraude

El derecho a voto de miles de españoles descendientes de exiliados franquistas es el nuevo campo de batalla entre el PSOE y el Partido Popular a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar de determinadas inscripciones en el censo electoral exterior ha desatado una confrontación que trasciende la mera interpretación de la Ley de Memoria Democrática.

Mientras los socialistas denuncian un atropello democrático, los conservadores han convertido la resolución en un argumento para acusar a Pedro Sánchez de manipular el censo electoral, pese a que el Alto Tribunal – cuyo dictamen ha contado con el voto particular de una magistrada – no ha declarado probado ningún fraude.

La resolución del Supremo coincidía prácticamente con los festejos del Día de la Hispanidad.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado los recursos de la Abogacía del Estado, respaldados por la Fiscalía, contra las medidas cautelares acordadas en septiembre.

Cinco de los seis magistrados han ratificado su mantenimiento, con el voto discrepante de Alicia Millán, quien advertía de que el adelanto electoral introduce la decisiva circunstancia de que una suspensión provisional puede ocasionar un perjuicio irreversible.

Si los afectados no votan el 29N, una eventual sentencia favorable posterior no les permitiría participar en los comicios.

Génova celebra el fallo y apunta a Sánchez La reacción no se hizo esperar y llegó paralelamente desde Moncloa, Ferraz y la calle de Génova.

El Partido Popular situaba la decisión judicial en el terreno de la confrontación electoral.

Su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, celebraba que "ni Sánchez ni nadie está por encima de la Ley y de los Tribunales".

La dirigente conservadora persistió en su ofensiva al asegurar que "la democracia española resiste gracias a la Justicia".

"Por mucho que el PSOE contrate sicarios contra ella", remató, en una nueva muestra de la dureza del discurso popular contra el Ejecutivo.

Cayetana Álvarez de Toledo quiso sumarse a la fiesta y, pese a que se trata simplemente del rechazo de un recurso y no la resolución final del caso, acusó directamente al presidente del Gobierno de haber intentado "manosear el censo electoral".

La parlamentaria defendía que España cuenta con instituciones capacitadas para limitar el poder y ha reclamado unas elecciones "limpias" el próximo 29N.