Castilla y León estudiará la fórmula que permita la repatriación de los menores migrantes

La Junta de Castilla y León se encuentra en estos momentos «estudiando el cauce y las vías» que pudiera permitir aplicar el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería , que permitiría a las comunidades autónomas firmar acuerdos de repatriación con los países de origen de los menores no acompañados, aunque se trata de «un procedimiento complejo, multilateral y a muchas partes».Así lo ha detallado este viernes en León el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien ha puntualizado que «hay que tener en cuenta la realidad de las competencias constitucionales», según las cuales «las relaciones exteriores con terceros estados necesariamente pasan por el Estado , que es la que articula esas relaciones bilaterales».Por este motivo, Gago ha explicado que «cualquier cauce que se pueda abrir tiene que pasar por una relación directa con el Ministerio de Asuntos Exteriores y las embajadas y consulados españoles en los posibles estados receptores de las personas menores o de los inmigrantes, ya sea Marruecos o sea cualquier otro».«No existe ningún mecanismo directo porque no tenemos competencia, por lo que cualquier interlocución de ese tipo sería una actividad contraria al Estatuto de Autonomía y la Constitución, de forma que es posible participar, pero siempre por el cauce debido de la Administración del Estado», ha concluido el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.164 menores no acompañados En esa misma línea y tras las afirmaciones del vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en manos de Carlos Pollán (Vox), el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apostó este jueves por explorar «al máximo» la vía de alcanzar acuerdos bilaterales con países extranjeros para agilizar la repatriación de los 164 menores extranjeros no acompañados que tutela en la actualidad, el consejero portavoz ha defendido que se trata de «una dinámica que está en la ley de inmigración» y que -ha continuado- «es natural que las comunidades podamos explorarla».

Sin mencionar con qué países estarían dispuestos a negociar ni aclarar si han valorado esta vía antes de esta legislatura, Fernández Carriedo, ha apuntado, ante la insistencia de los periodistas, que «es una posibilidad que no vamos a descartar» y que «quizá ahora sea más necesaria que nunca ante un gobierno que no actúa en esta materia de acuerdo al interés general y deja que sean las comunidades y ayuntamientos que sean ellos mismos los que resuelvan el problema».