Acatar o desobedecer al Supremo: el Gobierno elige

El Tribunal Constitucional (TC) tomó ayer la única opción de las posibles al inadmitir el recurso de amparo interpuesto por el Defensor del Pueblo contra la suspensión de los efectos electorales de la llamada 'ley de nietos', acordada por el Tribunal Supremo.

Ni la más flexible de las interpretaciones habría permitido admitir el amparo firmado por Ángel Gabilondo.

Es la propia ley del TC la que exige que, previamente a la demanda de amparo, se agote el proceso judicial en el que ha podido lesionarse un derecho fundamental.

El recurso de Gabilondo era muy prematuro.

Una contundente mayoría de diez votos en contra de la admisión, frente a solo dos a favor, revela que el amparo no era viable y hace legítima la pregunta sobre los motivos que llevaron al Defensor del Pueblo a tomar tan descabellada iniciativa.

Quizá la respuesta esté en que solo Gabilondo se prestó a ayudar al Gobierno, aun a costa de su prestigio, como así ha sucedido.

La mayoría de los magistrados del TC afines al Gobierno, con Conde-Pumpido a la cabeza, también ha certificado que el ciclo de su apoyo al sanchismo ha entrado en una fase menos militante, quizá animados por el cese de mandato de varios de ellos, obligados a iniciar nuevas etapas profesionales, previsiblemente con un Gobierno de derechas.

De cara al Supremo, las cosas siguen donde se quedaron, a la espera de que termine el plazo concedido para que se personen aquellos que se consideren perjudicados por la suspensión de su voto.

Quienes lo hagan, podrán contestar a los recursos contra la aplicación de la 'ley de nietos' y también oponerse a las medidas cautelares.

Sin embargo, el verdadero campo de discusión está fuera del Alto Tribunal.

Se encuentra en el Ejecutivo, en los consulados y en la Administración electoral, que son los encargados de cumplir puntualmente y en su integridad las medidas cautelares acordadas por la Sala Tercera.

La actitud gubernamental está siendo de una inacción desobediente, escudándose en la dificultad para localizar los documentos requeridos por el Supremo.

Es una excusa para boicotear las medidas cautelares y acabar permitiendo, por la vía de hecho, que el 29-N voten quienes no deberían votar.

No se puede negar que quizá existan dificultades técnicas, pero el plazo para cumplir la suspensión comenzó el 10 de septiembre pasado y la Abogacía del Estado no ha dado explicaciones al respecto.