El PP convertirá el encendido navideño de Toledo en un escaparate a horas de las elecciones generales

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha decidido que uno de los actos municipales más multitudinarios y con mayor repercusión mediática del año se celebre prácticamente pegado a las urnas.

El Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, encenderá la iluminación navideña el viernes 27 o el sábado 28 de noviembre, apenas uno o dos días antes de las elecciones generales del domingo 29.

La segunda de las posibilidades situaría directamente el espectáculo en plena jornada de reflexión.

La decisión abre inevitablemente el debate sobre el uso electoralista de un acto financiado con dinero público y en el que tradicionalmente las autoridades municipales ocupan un papel protagonista.

Más todavía porque Velázquez tenía margen para evitar cualquier sombra de utilización partidista: podía haber trasladado el encendido al primer fin de semana posterior a las elecciones, como llegó a reclamar Izquierda Unida, pero ha optado por adelantarlo.

El propio alcalde ha reconocido que el cambio de fecha se produce precisamente por la convocatoria electoral.

Velázquez había anunciado anteriormente que este año las luces se encenderían el 29 de noviembre, coincidiendo con el inicio del Adviento y atendiendo también a las quejas de los vecinos del Casco Histórico por el adelanto de la Navidad.

Ahora, al coincidir ese domingo con las elecciones, su Gobierno no ha retrasado el espectáculo unos días, sino que pretende celebrarlo antes de que los ciudadanos voten.

Un terreno delicado para la ley electoral La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que, desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, los poderes públicos no pueden organizar o financiar actos que incluyan alusiones a los logros obtenidos o utilicen elementos coincidentes con las campañas de los partidos.

Además, una vez terminada la campaña electoral, la legislación prohíbe realizar campaña o difundir propaganda destinada a captar el voto.

Eso no significa que el simple hecho de encender las luces de Navidad constituya un delito electoral.

Pero sí obliga al Ayuntamiento a extremar la neutralidad institucional.

Un discurso del alcalde presentando el despliegue navideño como un logro de su Gobierno, mensajes de balance de gestión o cualquier elemento que pudiera interpretarse como captación de voto podría acabar ante la Junta Electoral.

Hay precedentes de sanciones por vulnerar precisamente esa obligación de neutralidad.