Los centros de datos alertan sobre la inseguridad que genera la nueva ley del sector que desarrolla el Gobierno

De nuevo agosto, y de nuevo por la vía del real decreto.

El Gobierno parece tener una especial predilección con las fechas veraniegas para legislar el sector de los centros de datos, ya lo hizo el año pasado .

Y cada vez lo ejecuta con mayor exigencia.

Por eso, las empresas ligadas al negocio de los ‘data center’ están cada vez más preocupadas.El Ejecutivo ha lanzado una audiencia pública para un nuevo real decreto que pretende regular la eficiencia y sostenibilidad de los centros de datos.

El nivel de exigencia ha crecido con respecto a normas anteriores.

Tras hacer el anuncio se han reunido con la patronal sectorial SpainDC, y con la organización tecnológica Ametic.Para la organización que preside Emilio Díaz, y cuya directora ejecutiva es Begoña Villacís, desde los centros de datos reciben con «preocupación algunos de los planteamientos que se nos han trasladado, y prudencia porque queremos conocer y analizar en detalle el texto antes de realizar una valoración definitiva».Desde SpainDC comparten los objetivos de sostenibilidad, eficiencia, soberanía digital y de garantizar un crecimiento ordenado del sector, pero creen que «estos objetivos deben alcanzarse mediante una regulación proporcionada, técnicamente viable y alineada con el marco europeo, evitando que nuevas exigencias puedan situar a España en desventaja frente a otros países comunitarios que compiten directamente por las mismas inversiones».En la patronal sectorial de los ‘data center’ estiman que España tiene una oportunidad extraordinaria para consolidarse como uno de los grandes polos digitales de Europa y «cualquier nuevo marco regulatorio debe contribuir a aprovecharla, no ponerla en riesgo.

España no puede permitirse convertirse, por decisión regulatoria, en uno de los mercados europeos más difíciles para desarrollar infraestructura digital».Lo que más ha agitado a las empresas ha sido que determinados requisitos puedan dificultar la viabilidad de nuevos proyectos, generar inseguridad para inversiones ya planificadas o provocar que parte del crecimiento de la infraestructura digital termine desplazándose hacia otros mercados europeos.Futuro inciertoUna vez que se abra el proceso de audiencia pública, las empresas podrán realizar sus alegaciones.

Por el momento, el Gobierno ha trasladado su disposición a trabajar conjuntamente con el sector durante la audiencia pública, y SpainDC participará activamente y con voluntad constructiva para contribuir a mejorar el texto, buscando que los objetivos compartidos de sostenibilidad y soberanía sean compatibles con la competitividad, la inversión y el desarrollo de la economía digital española.Según ha podido conocer este periódico, la intención del Ejecutivo sería acelerar la aprobación del real decreto antes de que acabe el año.