El PPdeG insiste en que una comisión bilateral «corrija» la ley para transferir la AP-9

El Partido Popular de Galicia ha situado el traspaso de la autopista AP-9 como una de las prioridades del nuevo curso político y ve en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Xunta —solicitada de forma formal por el presidente Alfonso Rueda— «una oportunidad imprescindible para corregir» la ley tramitada en Madrid.

El portavoz de Infraestruturas del Grupo Popular, Roberto Rodríguez, ha defendido este lunes en rueda de prensa en el Parlamento que la transferencia debe materializarse con respeto «escrupuloso» al texto unánime de la Cámara autonómica frente a un pacto en el Congreso entre PSOE, BNG y Sumar que «puede llegar a costar 4.000 millones de euros a los gallegos».«La AP-9 ni es gallega ni mucho menos gratuita», sentenció Rodríguez tras denunciar que la redacción pactada en Madrid incorpora cambios sustanciales, genera dudas de constitucionalidad y entierra dieciséis años de posición unánime en el Parlamento.

De ahí que la convocatoria del órgano bilateral se perfile, a su juicio, como una cita imprescindible para reconducir el traspaso e instar al Gobierno central a un diálogo real.

El parlamentario popular censuró además que los usuarios afronten en 2026 «los peajes más caros de la historia y de Europa», mientras el Ejecutivo central «decretó la gratuidad de más de 1.000 kilómetros de autopistas en otros territorios» al tiempo que mantiene el cobro sobre el principal eje viario gallego.Para el portavoz popular, el apoyo del BNG a la ley tramitada en el Congreso supone una «traición» al consenso del Hórreo y una «estafa» a los gallegos al «aceptar para la comunidad lo que en Cataluña los nacionalistas no quieren».

El nuevo marco normativo, advirtió Rodríguez, aplaza de forma indefinida a una Comisión Mixta de Transferencias decisiones capitales como el alcance exacto de las competencias, los nuevos tramos sin peaje o el respaldo económico de las bonificaciones.

Por otra parte, alertó de la eliminación del deber del Estado de asumir los sobrecostes económicos derivados de decisiones ajenas a la comunidad, la desaparición de las cláusulas frente al incremento acumulativo del 1 % anual de las tarifas durante dos décadas y la falta de cobertura jurídica ante un eventual fallo judicial sobre la nulidad de las prórrogas concesionales.Deterioro en el mantenimientoMás allá de la autopista del Atlántico, el representante popular censuró el «continuo maltrato» del Ejecutivo central a la red de carreteras gallega.

Rodríguez denunció que la prórroga recurrente de las cuentas estatales mantiene congeladas las inversiones, dilata la ejecución de obras estratégicas y deja desatendidas las labores de conservación ordinaria.