Los motivos por los que Ayuso no podrá librarse de la crisis del ático: "A la jueza no podrá decirle 'chao pescao'"

El escándalo que ha sacudido hasta ahora al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y a la propia presidenta por la compra y posterior venta del lujoso ático en Chamberí parecía haber llegado este lunes a su fin después de que la presidenta haya despejado las incógnitas sobre el tema con un "está en venta, chao pescao".

Sin embargo, lo que a juicio de la lideresa madrileña estaría ya finiquitado sin más explicaciones que ofrecer al respecto, está más bien cociéndose a fuego lento en la bancada de una oposición que ya ha puesto sobre la mesa múltiples peticiones de información relativa a los expedientes y la compraventa del ático.

Según ha podido conocer ElPlural.com, el diputado por Más Madrid Hugo Martínez Abarca, una de las voces de la formación que lidera la investigación sobre el mencionado ático, presentó el pasado 30 de julio una solicitud de acceso a información pública ante el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid para conocer hasta seis asuntos diferentes todos ellos vinculados con la compra y venta del ático.

En esta línea, en aras de ahondar en la documentación y la información sobre el inmueble que la Comunidad de Madrid había comprado para que, según el relato de Sol, funcionara como oficina de la presidenta, desde Más Madrid solicitaron conocer por una parte la copia del contrato de compraventa y la escritura pública de segregación/adquisición.

Asimismo, también los informes de valoración y tasación oficial previa que justificaron el precio abonado con fondos públicos y el acuerdo de Consejo de Administración de Planifica Madrid o la modificación presupuestaria que autorizó el desembolso.

Por otra parte, en la petición de información formulada a Transparencia por este diputado de Más Madrid también figuran la memoria de idoneidad y necesidad pública que justifique por qué se eligió la compra de un inmueble residencial de lujo en lugar de arrendar oficinas provisionales o usar inmuebles ya de propiedad autonómica, la copia de la encomienda de gestión para que Planifica Madrid pueda hacer comprar un inmueble con estas características/uso, así como una copia del expediente del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la modificación presupuestaria para Planifica.

Lejos de ofrecer respuesta y dilatando todavía más si cabe los tiempos, Planifica argumentó que todo lo que se solicitaba entraba en conflicto con los derechos e intereses legítimos de terceros "perfectamente identificados".

Por este motivo, informaba que daba traslado de esta petición a estos terceros "para que formulen alegaciones que estimen oportunas" en un plazo de quince días.