El ático de Chamberí llega a la Asamblea con vetos, sin expedientes y una larga lista de preguntas

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea. EP

Llega un día señalado en el calendario desde hace casi dos meses, cuando saltó el escándalo del ático de Chamberí que rodea a Isabel Díaz Ayuso . La presidenta delegó todas las explicaciones sobre la compra de Planifica Madrid en su presidente, el consejero Miguel Ángel García Martín . El titular de Presidencia y portavoz del Gobierno regional es el último responsable de una operación de 6,3 millones de euros sobre la que tendrá que responder este jueves ante la Asamblea de Madrid.

A partir de las 10:00 horas, la Cámara de Vallecas será un hervidero para una sesión que se antoja larga. Tras la sesión de control al Ejecutivo autonómico, el debate de dos proyectos de ley, y las comparecencias de los consejeros de Educación y Medio Ambiente, será el turno de García Martín.

Ayuso no tuvo en cuenta este capítulo de la historia el pasado viernes, cuando le dijo al PSOE y Más Madrid que “ lo tendrán todo ”, en referencia a los expedientes, durante el debate del estado de la Región . La presidenta reivindicó allí su derecho a una residencia oficial, aseguró que si se demostrara que ese era el uso que le iba a dar al ático -lo que sería ilegal- dimitiría, y se dirigió así a García Martín: “ Consejero, tiene una semana ”, dijo entre risas.

La semana ha pasado, y además de que habrá que esperar a la misma sesión para conocer quién se queda con el ático de Chamberí, la documentación sigue sin estar sobre la mesa. Tampoco la podrá aportar el CEO de Planifica Madrid, Pedro Corbalán . La oposición pidió la comparecencia del director ejecutivo de la agencia autonómica que ejecutó la compra del inmueble el próximo 27 de septiembre, pero el PP la vetó este lunes a través de la Mesa.

De esta manera, él tampoco podrá aclarar quién ordenó comprar el ático . Según los estatutos sociales de Planifica debió ser el Consejo de Gobierno, es decir, el Ejecutivo de Ayuso, pero es algo que aún no se puede comprobar porque no se ha hecho pública ningún acta de la reunión en la que, de haber venido de Sol, se dio la orden. Tampoco se sabe quién aprobó la compra de 6,3 millones de euros públicos, pues tampoco hay documentos de las reuniones del Consejo de Administración de la agencia.

La otra incógnita que queda por despejar es cómo se comprobó que la operación cumplía con todos los requisitos legales . Aquí entran muchos factores: que ya había inmuebles en poder de Planifica que podían haber servido de oficina temporal a Ayuso, que el ático en el paseo del General Martínez Campos no tenía licencia para este uso, y que la terraza podría ser ilegal y haber inflado el precio de forma irregular.

No se sabe si todo esto lo sabía la agencia antes de adquirirlo, cuando se ejecutó la compra, ni cuando la propia Ayuso fue a visitarlo ; porque no se ha hecho público el expediente de la operación.