La España que quiere gobernar Feijóo no pide "sacrificio", sino intervenir el mercado de la vivienda

La vivienda se ha convertido en el gran examen de la política española.

No es una consigna de partido ni una bandera electoral, sino una realidad que atraviesa generaciones, territorios y rentas.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) deja un mensaje difícil de ignorar: el 76,3% de los españoles considera que el Estado debe intervenir el mercado de la vivienda tanto como sea necesario para garantizar el acceso a ella.

Ocho de cada diez manifiestan preocupación por la situación habitacional y el 41,6% asegura sentirse directamente afectado por la crisis.

Frente a esa realidad, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, eligió hablar de "sacrificio" en el primer mítin de precampaña para definir el Gobierno que pretende formar.

"Os prometo un Gobierno que os pida sacrificio.

Pero no os va a pedir que le aplaudáis", aseguró, sin especificar exactamente a qué se refería.

El PP ha defendido la frase reivindicando el esfuerzo de quienes trabajan, pagan impuestos y sacan adelante a sus familias, y han cargado contra otras formaciones que les han reprochado haber utilizado esa palabra, que algunos han señalado como un recuerdo traumático a los tiempos de cuando Mariano Rajoy avisaba que habría que apretarse el cinturón con las subidas de impuestos y los recortes de los presupuestos públicos.

Sin embargo, la pregunta pertinente no debería ser si los españoles saben o deben sacrificarse, sino cuántos sacrificios más pueden asumir para acceder a un derecho tan básico como tener una vivienda.

Ya son muchos años haciendo sacrificios cuando destinan una parte desproporcionada de su sueldo al alquiler, cuando renuncian a independizarse, cuando comparten piso más allá de la edad en la que esperaban tener su propio hogar o cuando aplazan formar una familia porque no pueden permitirse el coste de la vida.

También cuando trabajan largas jorndas y descubren que sus ingresos no bastan para pagar una hipoteca o un alquiler.

Presentar esa situación como una cuestión de esfuerzo individual o como una falta de sacrificio supone trasladar a las personas de carne y hueso el coste de una crisis de la que no son responsables, sino víctimas.

Un 76,3% de los encuestados en el CIS respalda la intervención pública del mercado para garantizar el acceso a una vivienda.

No se trata de una reivindicación exclusiva de la izquierda, sino de una demanda que desborda las fronteras partidistas y obliga a cualquier aspirante a gobernar a explicar qué piensa hacer al respecto: incluso los votantes del PP (58%) y de Vox (55%) están mayoritariamente a favor de intervenir en el mercado de la vivienda y aplicar medidas más contundentes para atajar la crisis.