Los tribunales españoles cierran la puerta a las reclamaciones de Baltasar Garzón contra su condena

Ni el Tribunal Supremo ni la Audiencia Nacional ni el Poder Judicial han estimado sus alegaciones después de que un Comité de Naciones Unidas declarase que debía ser indemnizado por no haber tenido un juicio justo El Supremo contesta a Baltasar Garzón que los dictámenes de la ONU a su favor no anulan su condena La lucha de Baltasar Garzón por anular o neutralizar los efectos de su condena por prevaricación se ha encontrado con un portazo de todos los tribunales y organismos a los que ha acudido en España.

Desde el Tribunal Supremo hasta la Audiencia Nacional, pasando por el Consejo General del Poder Judicial, el exmagistrado ha esgrimido sin éxito el dictamen de un comité de Naciones Unidas que estableció ya en 2021 que fue inhabilitado y expulsado de la judicatura por un proceso “arbitrario” que merecía una reparación que, por ahora, no llega.

El entorno del hoy abogado no descarta presentar nuevas reclamaciones, pero por ahora el dictamen favorable llegado desde Ginebra no han tenido ningún efecto sobre su situación.

Garzón llevaba dos décadas como juez de instrucción en la Audiencia Nacional cuando se hizo cargo del caso Gürtel .

Una causa que arrancó con la confesión y las grabaciones de un concejal del Partido Popular, que se tradujo en una docena de piezas y cuyas sentencias contra el PP y sus miembros llegaron a provocar un cambio de Gobierno.

Pero para entonces el magistrado jienense ya había tenido en sus manos causas de máxima relevancia contra el narcotráfico como las operaciones Nécora y Pitón, contra el terrorismo de Estado de los GAL y contra crímenes internacionales con Adolfo Scilingo o Augusto Pinochet.

Hasta entonces, sus actuaciones más cuestionadas habían estado relacionadas con el terrorismo y la no investigación de torturas a presos, que se tradujo en una condena para España a manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo en 2004 .

Pero los focos penales se posaron sobre él cuando empezó a desentrañar la madeja corrupta de Gürtel que convivía en simbiosis con el Partido Popular en las administraciones donde gobernaba.

Las querellas empezaron a llegar contra él mucho antes de que se pusiera a investigar el entramado, pero las que le llevaron al banquillo surgieron después del estallido del caso.

Fue juzgado y absuelto por abrir una causa penal para investigar los crímenes del franquismo.

Un “exceso”, reconoció el Supremo, pero no un delito de prevaricación.

No llegó ni a ser imputado por los cursos que dio en la Universidad de Nueva York.

Pero la tercera causa, la que tenía relación directa con el caso Gürtel, fue la que terminó con su carrera como juez.

En esa ocasión fue el abogado y antiguo fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez el que abrió fuego.