Ceuta vuelve a poner a prueba el acuerdo de retorno de menores con Marruecos: "No es una autorización de devolución"

El pacto no ha permitido ninguna repatriación en más de una década y las voces expertas insisten en que lo principal es la protección de la infancia: "El convenio no es el paraguas para tomar una decisión colectiva" 18 cuerpos más para el cementerio de los anónimos: comienzan los entierros de migrantes fallecidos en la entrada a Ceuta Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron a Ceuta desde Marruecos , entre ellas numerosos menores solos.

Según los últimos datos de Interior, han sido identificados 2.168 niños y niñas que permanecen en la ciudad autónoma, mientras muchos siguen todavía en la calle sin atención.

“Estamos en una situación de anormalidad.

Hay menores que tienen que estar acogidos por los sistemas de protección que están en la calle y tenemos que solventarlo de forma urgente”, reconocía este viernes el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.

La situación ha vuelto a poner el foco sobre el acuerdo de cooperación entre España y Marruecos para la protección y el retorno de menores no acompañados que llegan a España.

Firmado en Rabat en 2007 y en vigor desde 2012, el acuerdo establece mecanismos para prevenir la inmigración irregular de menores, garantizar su protección en España y facilitar, cuando proceda, su retorno a Marruecos.

No obstante, desde entonces no se ha producido ninguna repatriación a Marruecos al amparo de este acuerdo, teniendo en cuenta que las de 2021 se consideraron ilegales.

En una respuesta parlamentaria de marzo de 2020, el propio Gobierno reconocía que, “paradójicamente, desde que el Acuerdo entró en vigor, no se ha producido ni una sola repatriación de menores de edad marroquíes no acompañados a su país de origen, Marruecos”.

Las dificultades ya habían sido señaladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2011, cuando advirtió de los obstáculos que encontraba España para identificar a los menores, localizar a sus familias y coordinar su retorno entre las administraciones de ambos países.

El Supremo confirmó en 2024 la condena a España por la devolución de varios menores de edad a Marruecos desde Ceuta en el verano de 2021 sin ningún tipo de acompañamiento y sin saber en qué situación se encontraban.

El tribunal apuntaba, precisamente, que las devoluciones “deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y no puede basarse solo en el Acuerdo hispanomarroquí de vuelta concertada de menores”.

El acuerdo existe jurídicamente, pero su aplicación práctica lleva años bloqueada debido a las dificultades a la hora de que se cumplan los mecanismos de retorno de menores marroquíes.