'Voluntad popular' y pulsión autoritaria

Con una frecuencia cada vez más preocupante, asistimos a los intentos de Pedro Sánchez de supeditar las Cortes a una supuesta voluntad de la calle que coincide milimétricamente con la suya, a costa incluso de deslegitimarlas, como hizo cuando la semana pasada aseguró que el Parlamento «había dado la espalda a la ciudadanía».

Conviene advertir, desde la perspectiva de nuestra historia constitucional, de las consecuencias de esta malversación institucional que promueve el socialismo mediante un Gobierno que invoca peligrosamente la voz del pueblo para justificar sus decisiones al margen de los procedimientos democráticos.

La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, pero su ejercicio se articula a través de la Constitución y de las instituciones que esta establece.

La voluntad popular no constituye una fuente alternativa de legitimidad que el presidente pueda invocar a conveniencia para sortear al Parlamento.

En una democracia representativa, las Cortes Generales son precisamente el cauce mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad política.

Sánchez pretende que se parezcan más a la calle, como si esta pudiera sustituirlas, y oculta deliberadamente que la única representación institucional de esa voluntad corresponde a las cámaras elegidas por los españoles.No estamos ante un error conceptual ni ante una imprecisión inocente.

La operación apunta a una peligrosa mutación del discurso democrático: un gobernante que pretende modificar la fuente de su legitimidad para presentarse como un autócrata, intérprete exclusivo de una mayoría social supuestamente superior a la parlamentaria.

Esa mayoría, que la Moncloa y sus aliados de izquierda invocan sin someterla a los procedimientos ordinarios de expresión democrática, es un artificio político que permite deslegitimar cualquier contrapeso.

La apelación a un pueblo abstracto, cuya voluntad solo el líder asegura conocer, constituye uno de los recursos clásicos de los autoritarismos.

La degradación institucional se agrava cuando se instrumentalizan los mecanismos parlamentarios para sortear las limitaciones que impone la representación democrática.

La pretensión de utilizar la Diputación Permanente para sacar adelante decretos en un contexto de disolución de las Cortes exige un escrutinio riguroso de su encaje constitucional y reglamentario.

Del sondeo de GAD3 publicado por ABC se extrae, además, una enmienda a la totalidad del planteamiento populista que esgrime el jefe del Ejecutivo.