Centros de datos, o cómo intentar ponerle puertas al campo

El jueves día 10 finalizó el proceso de alegaciones al borrador del proyecto de Real Decreto por el que se regularán los requisitos de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos . La propuesta exige que estas infraestructuras, independientemente de su estado administrativo actual de tramitación, asuman que al menos el 80% de la electricidad que necesitan proceda de fuentes renovables, con correlación horaria y de plantas de nueva construcción (menos de 18 meses). Esta exigencia solo queda sin efecto si el 90% de la generación eléctrica nacional procede de fuentes de energía renovables. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC, establece como objetivo que el 81% de la demanda eléctrica en 2030 sea de origen renovable.

La propuesta, necesaria en un contexto internacional de desregulación y de consumo voraz de recursos, no deja de tener un difícil encaje y comprensión si confrontamos físicamente una demanda de electricidad constante y segura con una generación con una alta variabilidad en el tiempo, como es el caso de la eólica y de la solar fotovoltaica. Esto, de hecho, va a suponer que la mayor parte de la energía generada por esta nueva potencia no vaya a ser destinada al centro de datos que obligó a su construcción.

Es positivo que se exija que la electricidad consumida tenga un origen renovable; así lo refleja el PNIEC. Pero esta lógica debería articularse en torno a la conexión a la red y a las garantías de origen, en lugar de establecer una relación biunívoca entre la demanda y la nueva potencia instalada. Resulta un sinsentido si la señal que damos a quienes ya han invertido en renovables y hoy afrontan precios por debajo del umbral de viabilidad es que se va a crear una nueva demanda eléctrica de la que no solo no podrán beneficiarse, sino que, además, generará más excedentes precisamente durante sus horas de producción.

En el preámbulo I del Real Decreto se cita la Estrategia de inteligencia Artificial —aprobada en 2024—, documento en el que se proyecta alcanzar en 2030 una potencia de computación de 2,5 gigavatios (GW), equivalente a una demanda eléctrica de entre 3,5 y 4 GW. Esta previsión está en línea con el objetivo de la propia patronal SpainDC, que sitúa la demanda entre 2,6 y 2,9 GW. Sin embargo, estos objetivos, ya de por sí ambiciosos, se han visto claramente superados por la voracidad y la especulación que caracterizan el desarrollo actual de los centros de datos. De hecho, según el propio borrador, ya se ha concedido acceso a la red eléctrica para 12 GW de potencia: 6 GW en la red de transporte y otros 6 GW en la de distribución. A estos proyectos hay que sumar más de 20 GW solicitados, una cifra que crece sin límite si atendemos a los planes de las diferentes comunidades autónomas, que compiten por ofrecer todo tipo de facilidades para que estas instalaciones se construyan en su territorio.

Las experiencias desarrolladas en otros países deberían servirnos de referencia, y no estoy hablando de la moratoria de algunos Estados estadounidenses, sino de abordar el desarrollo con una planificación de los centros de datos acorde con los objetivos marcados.