La crisis de Ceuta reabre la brecha política e institucional con el rey y el Supremo de por medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados. EP.

La crisis migratoria de Ceuta ha dejado de ser únicamente una emergencia humanitaria y asistencial para convertirse también, como era de esperar, en un nuevo escenario de confrontación política e institucional . La presión sobre los servicios públicos, la llegada masiva de migrantes desde Marruecos y la respuesta de las administraciones han abierto varios frentes simultáneos que han vuelto a enfrentar al Gobierno con el Partido Popular y que, en las últimas horas, han situado, además, al rey Felipe VI y al Tribunal Supremo en el centro de la agenda de debate.

Mientras el Ejecutivo intenta gestionar una situación excepcional en la ciudad autónoma y reclama tiempo para desplegar recursos de acogida, sanitarios y económicos , el PP ha endurecido su ofensiva política contra Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha reclamado que el Gobierno autorice una visita de Felipe VI a Ceuta , al considerar que, como jefe del Estado y garante de la soberanía y la integridad territorial, le corresponde desplazarse a la ciudad ante la gravedad de la situación. Paralelamente, la Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por tres senadores del PP para obligar de manera inmediata al Gobierno a garantizar la comparecencia de varios ministros en el Senado durante agosto, al considerar que no existe la urgencia necesaria para aceptar tal petición. Cabe recordar que el Alto Tribunal no tiene potestad para imponer la comparecencia de un ministro en un día y hora concretos y que no puede interferir en la agenda de las cámaras de representación, por lo que la petición de los 'populares' contaba con lagunas técnicas. La decisión, sin embargo, no supone que el Supremo haya dado la razón al Gobierno, sino que se ha limitado a considerar que no existía una urgencia suficiente para adoptar una decisión inmediata sin escuchar previamente a la otra parte. Por ello, ha ordenado tramitar la petición mediante el procedimiento cautelar ordinario y ha concedido diez días a la Abogacía del Estado para presentar sus alegaciones.

La petición del PP introduce a la Corona en una crisis que hasta ahora había estado protagonizada fundamentalmente por el Gobierno, la oposición y las autoridades ceutíes. Feijóo sostiene que el monarca "quiere ir a Ceuta" y que es el Ejecutivo quien debe autorizar el desplazamiento. El presidente del PP ha llegado a afirmar que, si él estuviera en La Moncloa, anunciaría directamente la visita del Rey , aunque admite que desde la oposición no dispone de toda la información necesaria para fijar una fecha.

Este asunto no choca únicamente con el dilema de si Felipe VI visitará o no Ceuta, sino también con los límites de las competencias del Gobierno respecto a la agenda del jefe del Estado y al uso político realizado desde la oposición de la figura del monarca en una crisis institucional.