Una psicosis por el consumo de cocaína, única defensa del hombre que mató a su suegro en Aranda

Una psicosis agudizada por el consumo de cocaína es la única línea de defensa que se ha marcado el acusado en el inicio del juicio con jurado popular contra el hombre que presuntamente mató a su suegro de doce puñaladas en octubre de 2024 en Aranda de Duero.La Fiscalía pide para él 32 años y tres meses de prisión, 21 de ellos por asesinato con alevosía y agravante de parentesco; mientras el resto de la pena corresponde a los delitos de robo con violencia, allanamiento de morada, maltrato, y siete años por atentado contra agente de la autoridad y lesiones, en este caso derivados de su huida y posterior detención en Carabias (Segovia).El letrado defensor ha argumentado que el acusado llevaba veinte años consumiendo droga, concretamente cocaína, y ya sufrió «un brote psicótico» en julio de 2024 por el que terminó ingresado varios días en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos.

Ha reconocido que los hechos que ocurrieron en Aranda fueron «una auténtica barbaridad» y no ha negado la autoría del acusado, aunque ha recordado que dada su situación de enajenación «habrá que determinar si puede atenuar la pena, en qué medida, e incluso si puede ser un eximente, aunque en todo caso tendrá consecuencias graves».De hecho, en su declaración ante el jurado popular, el acusado ha insistido en que apenas recordaba nada del día en que se produjeron los hechos por los que se le juzgan porque había consumido mucha cocaína.

Ha asegurado que solo sabe de qué le acusan por recortes de prensa que guarda en la celda donde permanece desde unas horas después del supuesto asesinato.Según la Fiscalía, el acusado mató a su suegro con dos armas blancas el 3 de octubre de 2024 en una vivienda de la calle Benjamín Palencia de Aranda.

Le asestó seis cuchilladas hasta que se partió el filo, cogió otro cuchillo y le remató con otras seis puñaladas en el suelo, donde estaba tendido boca abajo.De forma «calculadora» El ministerio público y acusación particular, que descartan que tuviera ningún tipo de brote porque actuó de forma «calculadora», han señalado que el acusado dejó restos de su ADN en el cuchillo que dejó clavado en la espalda de la víctima.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se enmarcan en un contexto previo de « conflictividad familiar» relacionado con los problemas de drogodependencia del acusado y la ruptura de la convivencia con su pareja.

Sostiene que la mujer y la hija de ambos abandonaron el domicilio familiar el 28 de julio de 2024 para trasladarse a vivir con los padres de ella en Aranda de Duero.La tarde del 3 de octubre de 2024, el acusado habría intentado que su expareja acudiese a su vivienda.

Primero le envió mensajes y realizó videollamadas alegando que tenía una carta certificada para entregarle.